Expresidentes piden que Añez y Camacho se defiendan en libertad
Escrito por Boris Bueno Camacho el 11 de junio de 2023
Los expresidentes Pastrana, Duque, Macri, Piñera, Rodríguez y Quiroga solicitan respeto al debido proceso. Instan a la ONU, OEA y UE que reconocieron el mandato constitucional de Añez, se pronuncien.
Jeanine Añez junto a Luis Fernando Camacho, cuando ella asumó el Gobierno.
Expresidentes de cinco países como Colombia, Argentina, Chile, Costa Rica y Bolivia que conformaron el Grupo Libertad y Democracia realizaron un llamado al Estado boliviano para pedir que la expresidenta Jeanine Añez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se defiendan en libertad y se respeten sus mandatos democráticos.
“Exigimos nuevamente que Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y todos los presos políticos se puedan defender en libertad, respetando su juez natural y sus mandatos democráticos”, dice parte de una carta pública emitida en las últimas horas.
La nota titulada “Grupo Libertad y Democracia ante persecución judicial contra la expresidenta de Bolivia Jeanine Añez y el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho”, está firmada por los expresidentes Iván Duque y Andrés Pastrana, de Colombia; Mauricio Macri, de Argentina; Sebastián Piñera, de Chile; Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica; y Jorge Tuto Quiroga, de Bolivia.
“La democracia necesita preservar el hilo de la sucesión constitucional, sujetarse al Estado de Derecho y respetar los mandatos populares. En Bolivia estos tres elementos están siendo desconocidos por la persecución judicial contra la expresidenta Jeanine Añez, el Gobernador Luis Fernando Camacho y muchos otros”, dice la carta de los exmandatarios.
En esa línea recuerdan que la presidencia transitoria de Añez “fue reconocida por todos los poderes constituidos e instituciones de Bolivia, casi todas dominadas por el partido MAS, entre ellos el Congreso (Asamblea Legislativa Plurinacional), el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General y el Órgano Electoral. La comunidad internacional también reconoció la presidencia transitoria”.
Con los juicios ordinarios contra Añez, los expresidentes observan que se está intentando criminalizar la sucesión constitucional y se está violentando el debido proceso al someterla a juicios ordinarios en vez de juicios de responsabilidades tal como manda la Constitución Política del Estado.
Tomando en cuenta esos elementos, los expresidentes piden a la Organización de Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos y a la Unión Europea, que “reconocieron la transición constitucional en Bolivia”, a pronunciarse y actuar para evitar que se criminalice la sucesión constitucional.
Sentencia por caso “golpe II”
Un día como ayer, el 10 de junio de 2022, la justicia ordinaria en Bolivia condenó a 10 años de cárcel a la expresidenta Añez por el caso “golpe II”. En ese proceso penal, Añez fue acusada de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes, que habría cometido supuestamente cuando era senadora del Estado tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019.
Tras esa sentencia, su defensa apeló, pero hasta la fecha la justicia no resolvió esa demanda de apelación.
“El 10 de junio se cumplirá un año de la ilegal sentencia emitida contra una expresidenta de Bolivia, luego de un juicio express, viciado de nulidad. Exijo a Sala Penal 4ta (donde envían casualmente todos mis procesos) que resuelva de una vez mi apelación contra esa aberración”, dijo Añez el 31 de mayo de este año.
Juicios ordinarios
Situación La expresidenta Jeanine Añez enfrenta ocho procesos penales por vía de la justicia ordinaria. Éstos son por el caso “golpe II”, el único por el cual fue sentenciada. También está “golpe I”, por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Otro proceso por presuntas designaciones ilegales en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) cuando era presidenta de Estado; por presunto genocidio, asesinato y tentativa de asesinato por los conflictos en Senkata, en El Alto; por presunto genocidio, asesinato y tentativa de asesinato en los enfrentamientos en Sacaba, en Cochabamba; por la “venta irregular” de combustible y por un préstamo del BID.
(Fuente: Página Siete)
