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Mediante el Sepdavi, el Gobierno presenta recursos para reencaminar procesos contra Añez por las masacres

Escrito por el 13 de noviembre de 2023

“No compartimos la decisión judicial”, dijo este domingo la ministra de la Presidencia

Jeanine Áñez, cuando fue aprehendida en 2021.

 

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó este domingo que el Gobierno presentó recursos para reencaminar los procesos contra Jeanine Añez por las masacres de Sacaba y Senkata en la justicia ordinaria.

«No compartimos la decisión de estos juzgados, hemos tomado las acciones pertinentes como Gobierno en el ámbito de la Justicia. Ahora, ese tema, se encuentra en tribunales, por supuesto no es que ahí esté absolutamente definido lo que ha pasado. Nosotros seguiremos tomando las acciones correspondientes», explicó en BTV.

Desde esa fecha, a través del estatal Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), que es parte de los demandantes, el Gobierno trabajó y presentó ante los juzgados de ambos casos recursos de complementación y enmienda, así como de apelación, informó Prada.

Procesos contra Añez

En declaraciones a BTV, Prada rechazó las versiones que afirman que el Gobierno busca la impunidad en estos casos y, al contrario, aseguró que la administración de Luis Arce está comprometida con el principio de justicia para las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata, donde más de 20 personas murieron por disparos de armas de fuego de militares y policías.

Las críticas a las que se refiere Añez provienen, en su mayoría, de sectores del MAS considerados evistas. Al contrario, los llamados arcistas consideran que quienes buscan la impunidad de Añez son los evistas. Sobre todo después del acuerdo que Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, firmó con la oposición donde se habla de “presos políticos”.

Datos

Añez se encuentra en la cárcel y con una sentencia de 10 años por la vulneración de las normas para hacerse del poder. Es la principal denunciada en las masacres de Sacaba y Senkata. Porque esos hechos se dieron bajo el amparo del decreto que eximía de responsabilidad penal a militares y policías.

La Procuraría General del Estado (PGE) también cuestionó la decisión de los tribunales de El Alto y Sacaba. Anunció que utilizará todos los recursos legales para revertir esa decisión.

(Fuente: La Razón)


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