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La familia de una niña de 8 años asesinada en Bolivia en la “Masacre de Octubre” que logró ser compensada por el expresidente Sánchez de Lozada

Escrito por el 5 de octubre de 2023

El expresidente Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa indemnizarán a los familiares de ocho personas fallecidas en 2003.

Marlene Rojas Ramos murió a los 8 años de un disparo mientras jugaba en la planta alta de su casa de adobe en Karisa, un distrito del pequeño pueblo aimara de Warisata, en el departamento de La Paz.

Minutos antes de su muerte, en la tarde del sábado 20 de septiembre de 2003, el sonido de los tiros al aire habían llamado la atención de la niña. Miembros del Ejército de Bolivia habían ingresado a Warisata para acompañar el operativo en la zona de la Policía.

Hacía varios días que los campesinos mantenían bloqueadas las rutas en rechazo a la decisión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) de exportar gas a Estados Unidos por los puertos de Chile.

El padre de Marlene, Eloy Rojas Mamani, había salido de la casa por la mañana para esconderse en el cerro. Tenía miedo de ser perseguido por su participación en los cortes de rutas.

“Ya en el monte, escuché a un joven gritando mi nombre. Me dijo que a la Marlene la habían matado“, recuerda 20 años después Rojas Mamani, desde La Paz, en conversación con BBC Mundo.

El operativo de seguridad de aquel sábado en que el Ejército y la Policía intentaron recuperar el control de Warisata, para dejar avanzar a un grupo de turistas que se encontraban en una localidad cercana, terminó con una decena de heridos y seis muertos, entre ellos Marlene.

En Bolivia murieron 58 personas debido a la represión militar de las protestas. Aquel episodio, conocido como la Masacre de Octubre, es uno de los más oscuros en la historia reciente de Bolivia.

Eloy y Etelvina Mamani con sus hijos.La familia nunca dejó de buscar a los responsables. Foto: Cortesía

“Juré que la muerte de mi hija no quedaría impune. Los culpables tendrían que pagar sus penas”, dice Rojas Mamani. Después de intentar sin éxito ir a la justicia de Bolivia, los familiares de ocho personas asesinadas por las Fuerzas Armadas en 2003 presentaron en Estados Unidos una demanda civil contra el expresidente Sánchez de Lozada -conocido como ‘Goni’- y el exministro de Defensa, José Carlos Sánchez Berzaín.

En aquel momento, ambos renunciaron a sus cargos, presionados por las protestas, y abandonaron el país el 17 de octubre de 2003, para exiliarse en suelo estadounidense, en el sur de Florida.

En ese mismo lugar, más de una década después, en 2018, la justicia de Fort Lauderdale los declaró responsables por la muertes de civiles en la Masacre de Octubre, de acuerdo a la ley de Protección a las Víctimas de Tortura de Estados Unidos, y consideró que debían compensar económicamente a los familiares de los fallecidos.

De este modo, el acuerdo entre las partes marca el cierre en la batalla legal de más de 16 años entre la familia de Marlene y el expresidente de Bolivia.

“Les hemos ganado en su propia cancha, en su casa, en Estados Unidos. Este acuerdo es un mensaje para todo aquel que quiera ser presidente: que nunca más use a los militares y los policías para masacrar al pueblo de Bolivia”, dice Rojas Mamani.

El inicio de las protestas

La localidad de Warisata, a una hora de la capital de Bolivia, es reconocida por haber sido la mecha que encendió las protestas de octubre de 2003.

Fue a partir de los hechos que ocurrieron aquel día, que los campesinos radicalizaron su posición ante el gobierno: el diálogo quedó en suspenso y la Central Obrera Boliviana -el sindicato de mayor peso en el país- pidió por primera vez la renuncia del presidente.

Pero aquella no ha sido la única historia del pueblo. Warisata es conocida por la Escuela Superior de Formación de Maestros, un experimento pionero de escolarización indígena que tuvo lugar en Bolivia de 1931 a 1940.

“Aquí todos son maestros”, describe Rojas Mamani a su pueblo. Por eso, Marlene solía preguntarle por qué él no era uno de ellos. Al padre de la niña no le faltaron ganas de dedicarse a la docencia, pero desde pequeño no le quedó otra opción que ganar dinero con el cultivo de la tierra.

Fue en septiembre de 2003 que Warisata abandonó la calma para convertirse en la primera trinchera de la llamada “Guerra del Gas“, cuando los miembros de las Fuerzas Armadas reprimieron con tanques y balas a los campesinos, muchos de ellos armados con palos, piedras, látigos y algunos rifles viejos.

En aquel momento, el país salía de una etapa de gran crisis económica, en la que Evo Morales (2006-2019) lideraba la oposición.

Miembros del Ejército patrullan con tanques El Alto, Bolivia, el 12 de octubre de 2003.Pie de foto,La “Masacre de Octubre” es el nombre que se le dio a la represión de 2003 en Bolivia. Foto: Getty images

 

El soldado Edwin Aquilar Vargas declaró ante los tribunales de Florida que, en un primer momento, el escuadrón militar que ingresó a Warisata no disparó porque no tenían la orden de su superior para hacerlo.

Pero más tarde, esa orden cambió.

Los miembros del Ejército pasaron de munición no letal a letal por orden del teniente Miranda, según declaró Aguilar. “Desde el momento en que entramos al pueblo, [Miranda] ordenó que teníamos quedisparar a todo lo que se moviera“.

De acuerdo a Stephen Raber, abogado de Sánchez de Lozada, el resarcimiento acordado ahora no implica aceptar la responsabilidad sobre las muertes a manos de las Fuerzas Armadas.

“Nunca hubo pruebas de que el presidente o su ministro de Defensa dieran órdenes a los militares de abrir fuego o de usar fuerza letal contra civiles”, dice a BBC Mundo. “Los demandantes tuvieron la oportunidad de presentar dicha prueba, pero no pudieron hacerlo porque no existe tal prueba“.

La madre de Marlene, Etelvina Ramos, quien estaba en la habitación cuando le dispararon a su hija, declaró ante la justicia que mientras cubría la herida de Marlene vio pasar por la ventana a un grupo de militares. Por temor a recibir algún otro disparo, Etelvina se refugió con sus otros hijos en una habitación de la planta baja sin ventanas.

Rojas Mamani volvió a su casa gracias al aviso de un hombre, que le dijo que su mujer lo buscaba porque habían matado a la niña. “Yo le reñí. Me sentí molesto con él cuando me lo dijo. Pensé que estaba bromeando, que me hacía una broma pesada, nunca pensé que era real”, recuerda el padre.

Al regresar encontró a Marlene tirada en el piso, bañada en sangre y sin vida.

La búsqueda de justicia

En un primer momento, el padre de Marlene pensó en hacer justicia por mano propia, es decir, enfrentar a los militares y pedir el esclarecimiento de los hechos. Pero su hermano mayor evitó que cometiera una imprudencia.

“Ellos están armados, tú no tienes nada, no vas a poder hacer nada”, lo detuvo con las palabras. “Nos queda protegernos y cuidarnos, proteger al alma bendita de la niña”.

El día del entierro, la familia de Marlene fue acompañada por las organizaciones sociales de la zona. “Ellos me pidieron que no defraudara la sangre derramada, que buscara justicia”, dice el padre de la niña.

Y así fue como empezó un largo proceso judicial, lleno de obstáculos, primero en Bolivia y, desde 2004, en los tribunales de Florida.

“Al empezar este juicio nos dijeron que no podríamos hacerlo porque Goni es una de las personas más poderosas de Bolivia. Pero las víctimas han demostrado que nadie es intocable“, dice a BBC Mundo Thomas Becker, abogado de la familia.

El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (centro-derecha) sale del Tribunal Federal de Estados Unidos en Fort Lauderdale, Florida, con su abogado Stephen Raber (izq.) el 20 de marzo de 2018 después de testificar ante el tribunal.El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada en el Tribunal Federal de Estados Unidos en Fort Lauderdale, Florida, con su equipo de abogados. Foto: Getty images

A 20 años de la muerte de Marlene, los padres de la niña junto a los familiares de otras siete víctimas acordaron de manera extrajudicial con el expresidente y el exministro de Defensa resolver la disputa legal.

De acuerdo a la declaración conjunta del 29 de septiembre, las partes alcanzaron una conciliación que les otorga a los familiares de las personas asesinadas en Bolivia una compensación económica por un monto secreto y prohíbe cualquier nueva acción legal por los sucesos de septiembre y octubre de 2003.

“La decisión de llegar a un acuerdo no significa que los demandados admitan su responsabilidad en los hechos en cuestión”, dice Raber, abogado del expresidente y exministro, quien aclara que las partes no están autorizadas a hablar sobre la resolución.

Para Rojas Mamani, el acuerdo no repara la pérdida de Marlene pero sienta un precedente. “De ahora en más, ningún presidente con intenciones de masacrar al pueblo boliviano se salvará escapándose a otro país. Yo aposté a que los aimaras tengamos justicia, y así sucedió”.

(Fuente: BBC)


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