Cruz pide a los concejos acelerar adecuación normativa para prevenir la violencia política

En la oportunidad, recordó que la necesidad de empoderar a la mujer en la política, surgió tras la muerte de la concejala de Ancoraimes, Juana Quispe, quien fue asesinada el 2012 y en homenaje a ella se aprobó la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.

Sin embargo, a casi 10 años de vigencia, el Ministerio Público no ha logrado una sentencia en el caso de Juan Quispe, así como que también en otros que no tuvieron ningún resultado, según manifestó. A la fecha solo existen cuatro sentencias por acoso y violencia política a nivel nacional.

Dijo que, a consecuencia de los hechos de violencia contra una asambleísta departamental en Santa Cruz, el Ministerio de la Presidencia, el Viceministerio de Autonomías en coordinación con el Viceministerio de Igualdad de las Oportunidades, hicieron una revisión sobre la adecuación normativa en el ámbito administrativo municipal y departamental.

Lograron revisar 120 concejos municipales, de los cuales 73 cuentan con sus comités de ética y con normas de prevención, atención y sanción contra la violencia y acoso político en el área administrativa y 78 no tienen avances.

En el caso de los gobiernos autónomos departamentales, explicó que nueve han señalado que no adecuaron su normativa, sin embargo, como autoridad se enteró que al menos siete sí habían adecuado, pero que las propias instancias de deliberación no sabían de sus propios avances, por lo que también pidió a las asambleístas mujeres retomar el interés de aplicar normas destinadas para prevenir casos de violencia y acoso político en todo el país.

(Fuente: erbol)