Lima: “El TSE no puede imponer un plazo por el fallo del TCP para las judiciales”

Cómo ve usted el proceso de las elecciones judiciales, el plazo fatal que puso el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es el 3 de septiembre, ¿es factible llegar?

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, y los vocales determinaron esa fecha en base a la ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero, hay que recordar que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucional por conexitud esa norma. Es decir que en este momento no existe ningún plazo legal que regule la materia, hay más bien la posibilidad de que el trabajo de la Asamblea Legislativa pueda solucionar todos los problemas que se han identificado hasta la fecha, para una transformación real de la Justicia. Tenemos en este momento una sentencia que es de obligatorio cumplimiento, el Tribunal Constitucional ha hablado y ahora la determinación siguiente tiene que ser asumida por nuestra Asamblea Legislativa.

En estos momentos no tenemos plazos. Le reitero que tanto la ley, si usted ve la parte dispositiva de la sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado inconstitucional el reglamento, pero también la ley que regulaba los plazos ha sido declarada inconstitucional. En este momento no existen plazos, la declaración del Dr. Hassenteufel fue en función a una ley que fue declarada inconstitucional

Las elecciones tienen que realizarse antes del 31 de diciembre, puesto que el mandato de las actuales autoridades termina precisamente ese día, pero no hay un plazo definido, lo que se requiere es un mandato de la sentencia.

La sentencia indica que debe haber un acuerdo en al menos dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa, por lo tanto, el trabajo ahora es regular un proceso que nos garantice una transición el 31 de diciembre.

Nuevamente le insisto. El TSE no puede imponer un plazo en este momento porque la ley de selección de candidatos fue declarada inconstitucional. La declaración de Hassenteufel estaba en función a una ley que fue declarada inconstitucional. Si bien no se demandó la inconstitucionalidad de la ley corta que aprobó la Asamblea Legislativa, el TSE por conexitud decidió declarar inconstitucional esa ley.

La Asamblea puede regular el proceso sin tener ningún plazo perentorio, ningún plazo como nos señaló Hassenteufel.

Llama la atención: la senadora Patricia Arce, con el senador Miguel Rojas, ambos del MAS, llegaron por unanimidad a aprobar en la Comisión de Constitución del Senado el proyecto de ley presentado hace meses atrás por la senadora Silvia Salame, de Comunidad Ciudadana. Si uno compara el proyecto original compuesto por 41 artículos de Salame, con el proyecto que se aprobó en la comisión, de 45 artículos, es el mismo texto.

-¿Eso quiere decir que el MAS puede analizar un proyecto planteado por la oposición?

-Ahora, en este caso, políticamente, ¿es factible hacerlo, tomando en cuenta la división que hay en el MAS?

Al realizarse la aprobación del proyecto de Silvia Salame sin un análisis por parte de la comisión, dispensando trámites, sin entregar copia a los senadores y acelerando el procedimiento, podría tener dos lecturas: Una, que no se está haciendo la suficiente discusión, la suficiente socialización o también que la Asamblea necesita garantizar plazos y que los plazos por su brevedad requieren la mayor celeridad posible. Esta determinación tiene un problema procesal, que lamentablemente el diputado Fabián Ayala, de Creemos, presentó el martes de esta semana un recurso de complementación y enmienda al TCP, el cual no ha sido aún resuelto. Si bien el Tribunal ha notificado a la Presidencia de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, hasta que esta instancia no se pronuncie, no tenemos una sentencia plenamente notificada procesalmente la Asamblea y el Senado tendría que esperar a que el Tribunal se pronuncie y que lo haga rápido.

La posición de un recurso de enmienda usualmente no cambia el fondo de la decisión. Tiene como fin aclarar, precisar, corregir errores formales, no de fondo; sin embargo, debe ser resuelto antes de seguir adelante. Es necesario que el TCP se reúna a la brevedad.

-¿El proyecto Salame es el camino que se debe seguir o el MAS se puede abrir a otro sugerido por la oposición?

El proyecto de Silvia Salame, ahora promovido por Patricia Arce, no es constitucional o, por lo menos, tiene una duda de constitucionalidad. Nuevamente se insiste en la exclusión de candidatos, por razones que no están previstas en la Constitución ni en la ley. No es posible que se excluya la participación de abogados por haber participado en procesos de capitalización o privatización o en procesos de separatismo, ese punto solamente ha generado un gran debate más allá de que estemos o no de acuerdo. Un segundo aspecto tiene que ver con el rol que van a seguir las Comisiones de acompañamiento, el proyecto Salame plantea que además del Senado y Diputados que puedan elegir a los candidatos y se tenga comisiones de acompañamiento, cuyo carácter sea vinculante. Toma como base de la conformación el proyecto presentado por Juan Del Granado, el de los juristas independientes, esos elementos no han sido de consenso nacional, si bien hay más de 850.000 ciudadanos que apoyaron la propuesta de Juan Del Granado no es una propuesta que tenga consenso. El otro elemento que me parece que es relevante es el examen al proceso de preselección de los candidatos es meritocrático, se reconoce eso del proyecto Salame, lograr un examen de competencia quien obtenga la mayor nota será elegido candidato para magistrado, y ese no es el alcance de nuestra Constitución, podemos o no estar de acuerdo en que el examen defina a los postulantes, pero esta vía no es la que prevé nuestra CPE.

-¿Usted ve negociable que todos los abogados puedan participar, incluso los que apoyaron o tuvieron relación con el Gobierno de Jeanine Añez, por ejemplo?

Las determinaciones de la Asamblea Legislativa en esta materia tienen que ser resultado de un consenso por dos tercios de votos, ésa es la determinación de un Tribunal Constitucional. No parece ser la mejor opción presentar un proyecto que claramente es contrario a posiciones que han manifestado diferentes partidos políticos. Si se quiere llegar a los dos tercios se debe, sobre los elementos que tienen, ver la posibilidad de buscar consensos y excluir los puntos de divergencia entre los actores. Sea el proyecto Salame o el que se ponga en mesa.

-Y si no se logra el consenso, ¿qué sucederá?

Lo que pasa es que esa visión y esa consulta que me hace no sería respetuosa del rol institucional de la Asamblea Legislativa. Yo creo que lo que tiene que hacer el país, y tenemos que hacer todos los actores políticos es pedirle a la Asamblea Legislativa que ejerza su atribución constitucional por dos tercios de votos. Eso es con diálogo y consenso, no podemos adelantarnos a un resultado negativo. Creo que hay que tener una visión positiva y esperar que nuestra Asamblea logre los dos tercios necesarios para continuar con este proceso.

-¿Qué debe hacer el Gobierno para lograr el objetivo?

No intervenir…