Gustavo García Brito, juez de nacionalidad boliviana que forma parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) votó a favor en la demanda presentada por Perú por el precio diferenciado del combustible para vehículos con matrícula extranjera que circulan en territorio boliviano, otorgando así el fallo al vecino país, informó el portal reduno.como.bo
El documento oficial, firmado por la magistrada presidenta Sandra Catalina Charris Rebellón, y la secretaria general, Karla Margot Rodríguez Noblejas, cita que la Sentencia fue aprobada por los magistrados Gustavo García Brito, Hugo Gómez Apac y Fernando Zapata López, en base a las sesiones judiciales del 28 de noviembre de 2022, el 3 y 17 de julio de 2023.
«Dado el sentido del voto de desempate del magistrado Fernando Zapata López, el voto de los magistrados Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Luis Rafael Vergara Quintero, emitidos en la sesión judicial del 28 de noviembre de 2022, constituye un voto disidente (voto en minoría) de la presente Sentencia. El presente texto de la Sentencia (voto en mayoría) fue aprobado por los magistrados Hugo Gómez Apac, Gustavo García Brito y Fernando Zapata López en la sesión judicial del 17 de julio de 2023», se lee en el documento.
La semana pasada, la CAN falló a favor de transportistas peruanos, ecuatorianos y colombianos quienes al transitar por territorio boliviano también se beneficiarán comprando combustibles subvencionado y no a precio internacional, como en la actualidad. El hecho continúa causando repercusiones. Opositores y sectores creen que es una nueva derrota internacional para Bolivia.
Los transportistas bolivianos se declararon en emergencia y responsabilizan al Gobierno.
«No existe la presencia del Estado ¿Por qué no ha hecho la representación correspondiente? Mandan a personas que no conocen, que no saben del tema y por qué no se les ha invitado a los transportistas que saben perfectamente que podíamos ir a debatir y discutir», afirmó el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia, Lucio Gómez, que además pidió la renuncia del viceministro de Transporte.
El Gobierno aún no se pronunció oficialmente sobre el fallo contrario al país, ya que Bolivia no podrá vender combustible a precio diferenciado.
«No tengo mayor comentario. Hay una persona y una institución responsable de los procesos que se llevan adelante», dijo el canciller Rogelio Mayta, refiriéndose a la Contraloría General del Estado. Bolivia tiene un plazo de 90 días para regularizar la situación y aplicar el fallo.
(Fuente: Datápolis)
