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Mientras la justicia jujeña avanza con la recolección de pruebas contra el medio centenar de detenidos tras los desmanes con los que intentaron tomar y quemar el miércoles la Legislatura provincial, las autoridades informaron que a dos de los presos se les decomisó 1 millón de pesos en efectivo (equivale a unos 3.960 dólares). Los investigadores no descartan nuevas detenciones a partir del análisis del contenido de 40 teléfonos celulares secuestrados.
El jefe de la Policía jujeña, Horacio Herbas Mejías, dijo al diario La Nación que le informaron que a dos personas detenidas les secuestraron 500.000 pesos argentinos a cada una ($us 1.980). Tenían el dinero en una mochila, dijo, y expresó que pudo determinar -porque estaba en la primera fila de los incidentes- que había entre los manifestantes personas que arengaban al resto hablando con “acento porteño”.
La investigación está en manos de un equipo de fiscales del Ministerio Público de la Acusación, integrado por Diego Funes, Walter Rondón y Rodrigo Fernández Ríos. Rondón es el fiscal de turno y responsable por las evidencias que se van reuniendo.
Los fiscales están bajando la información de intercambios de WhatsApp de 40 celulares secuestrados a los detenidos. El gobernador de la provincia, Gerardo Morales, difundió ayer capturas de pantalla de chats, supuestamente de los manifestantes, donde se hablaba de que cada uno iba a cobrar 5.000 pesos (casi $us 20) por acudir a la manifestación y que la plata la había traído “un diputado de Buenos Aires”. El mandatario radical, que aspira a estar en alguna boleta nacional de Juntos por el Cambio, no presentó más pruebas que ese posteo en redes sociales.
Los fiscales además trabajan con las imágenes de los violentos, tomadas durante los ataques del miércoles para buscar identificarlos. “No descartamos que haya más detenidos”, dijo el ministro de Seguridad, Guillermo Corro.
Si bien en un primer momento hubo 63 personas detenidas, muchas de ellas fueron recuperando la libertad. Los que quedaron presos en el penal de Alto Comedero están acusados de delitos graves, que van desde daños, lesiones, hasta el intento de ingreso a la Legislatura. Además, por los daños cometidos contra tres autos, que fueron quemados, y los daños contra ocho locales comerciales que fueron vandalizados, según precisaron los funcionarios judiciales de la provincia.
(Fuente: El Deber)
