Justicia envía a prisión al exministro Santos y hay empresas en la mira

El exministro Juan Santos fue aprehendido en el Ministerio Público paceño. Foto: APG

El exministro de Medio Ambiente y Agua Juan Santos Cruz fue enviado al penal de San Pedro por seis meses, mientras que dure la investigación por el delito de enriquecimiento ilícito en el caso coimas. La exautoridad fue acusada de recibir al menos 19 millones de bolivianos por favorecer a ocho empresas en la adjudicación de proyectos. Ahora, tanto legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) como de la oposición piden identificar y procesar a las firmas que incurrieron en estos hechos de corrupción.

El juez cuarto de Instrucción Cautelar Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer, Alejandro Gamboa, ordenó ayer la detención preventiva de Santos. Indicó que lo hizo porque el exministro puede fugar u obstaculizar la investigación.

La exautoridad fue detenida el martes 16 de mayo, tras prestar su declaración ante la Fiscalía. El miércoles 17, el Ministerio Público lo acusó de enriquecimiento ilícito, al observar que habría recibido una suma que equivale a 2,7 millones de dólares. La audiencia cautelar se instaló ayer a las 8:30 y pasado el mediodía se dictó un cuarto intermedio. A las 15:30 se reinstaló y concluyó con el fallo judicial pasadas las 17:00.

El abogado defensor Stiven Orellana calificó de injusta la decisión del juez e interpuso una apelación. “Ya está apelada. Es injusta (la medida) porque no se ha logrado probar nada”, señaló al concluir la audiencia.

Tanto legisladores del MAS como de la oposición pidieron que se identifique y castigue a las empresas que pagaron los sobornos para adjudicarse la construcción de proyectos. “Se debe investigar a las empresas. El corrupto no sólo es aquel que recibe el dinero, es también aquel que ofrece y por lo tanto necesitamos que esta investigación pueda ampliarse a las empresas involucradas”, declaró el diputado masista Freddy Mamani.

El diputadoWalthy Egüez, de Creemos, aseguró que hay normas legales que permitirán indagar a dichos negocios. “Así lo contempla la ley: cometen delitos: el que da coima, el que propone la coima y el que la acepta o el que pide sobornos para poder realizar los trabajos con el Estado. Está en el Código Penal y tienen que ser investigados, procesados y metidos a la cárcel”, indicó.

El diputado Daniel Rojas (MAS) opinó que es necesario investigar los nexos de las empresas. “Tenemos la información de que, en algunos municipios, algunos colegas diputados ponían las empresas y el ministerio de Medio Ambiente daba el visto bueno, en complicidad con algunas alcaldías para que se pueda adjudicar. Se deberían revisar nuevamente estas adjudicaciones y las empresas que coimearon”, agregó.

La audiencia cautelar del exministro se instaló ayer en la mañana sin la participación de los periodistas a pedido de la defensa de la exautoridad. Al inicio, el abogado Armando Magne Zelaya expresó que su defendido fue “atacado por la prensa” y pidió al juez que sólo permanezcan conectadas las partes y se saque a los periodistas, a lo que el juez accedió. Argumentó que con la presencia de la prensa se estaría vulnerando el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

Siete puntos

El abogado constitucionalista Israel Quino propuso una serie de acciones que el Estado deberá ejecutar en el caso coimas. Éstas son: beneficiar a la denunciante con una reducción de dos tercios de la pena que le corresponda por haber sido cómplice del delito; darle protección y que el nuevo ministro del área se constituya como querellante.

Además, solicita que la Unidad de Investigaciones Financieras realice averiguaciones pertinentes y un análisis patrimonial de todos los implicados. También menciona que los empresarios involucrados en el pago de coimas sean investigados y procesados por corrupción; que el Estado se incaute de todos los bienes inmuebles comprados con el dinero proveniente de la corrupción y congele las cuentas de los imputados. Por último, señala que los delitos de corrupción son imprescriptibles y que las querellas deben impulsarse desde las instituciones afectadas.

¿Y el ministerio?

El diputado Héctor Arce, del ala radical del MAS, solicitó al presidente Luis Arce que ordene la intervención al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que destituya a los viceministros y directores, porque -en su opinión- tenían conocimiento de cómo operaba el entonces ministro Juan Santos Cruz.

“Esta organización criminal ha sido operada bajo el liderazgo de Juan Santos Cruz. Con seguridad que es de conocimiento de los viceministros, de los directores generales, de los gerentes o directores de empresas descentralizadas, que con el visto bueno de estas unidades de transparencia ha consumado este hecho de corrupción (…). Todos estos cargos jerárquicos tienen que ser destituidos”, manifestó el legislador.

En opinión del asambleísta, el primer mandatario debería ordenar la intervención y el respectivo precintado de las oficinas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. “Hermano Lucho, en este momento ese ministerio debería estar intervenido, las diferentes oficinas precintadas para que estos delincuentes el día de hoy no cambien hojas, no sustituyan hojas, completen informes y hagan desaparecer documentos. Eso es lo que están haciendo estos miembros de esta organización criminal (…). Hermano Lucho, póngase las pilas, demuestre al pueblo boliviano que no es tolerante, que no es compasivo con la corrupción”, insistió.

El legislador considera que hay más de tres implicados en este caso. Apunta a la existencia de una gran red de corrupción. Hasta el momento, el sobrino del exministro, Jhonny Alexander Santos, y su excolaboradora Rosa Viviana Bautista se encuentran con detención preventiva y con Santos Cruz con detención preventiva, suman tres.

Ayer, el asambleísta del MAS dirigió una Petición de Informe Escrito al nuevo ministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez, para conocer ¿qué obras ejecutó este ministerio?, ¿con cuánto presupuesto?, ¿en qué departamentos están estas obras? y ¿en qué estado están?

(Fuente: Página Siete)