Fue burlada la buena fe de las instituciones. Así respondió el director del Servicio de Registro Cívico (Sereci) en Santa Cruz, Adolfo Freire, al justificar la emisión del duplicado del certificado de nacimiento utilizado por Sebastián Marset, ciudadano uruguayo que es buscado por Interpol por delitos relacionados con el narcotráfico, para suplantar a un hombre de nacionalidad boliviana.
Freire dijo que según el sistema informático, el documento duplicado se lo otorgó mediante un proceso judicial en la que no se observaron modificaciones de la partida judicial, registrada el 17 de octubre de 1985. El poder otorgado a la persona que representaba supuestamente a Gabriel de Souza Beumer se obtuvo en una notaría de fe pública en la capital cruceña, en la que presentaron una cédula con numeración 4683442.
El director del Segip en Santa Cruz, Alpacino Mojica, explicó que la clave de estos documentos, cedula de identidad y pasaporte, es contar con un certificado de nacimiento, “porque da legalidad para tramitar cédula de identidad supuestamente boliviana”.
Imagen
Por su parte, la criminóloga Gabriela Reyes, que fue responsable del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, dijo que es preocupante lo fácil que es sacar carnets de identidad duplicados.
“Son preocupantes las declaraciones del director del Segip donde explica el modo para obtener varios carnets y eso puede facilitar a que la persona tenga múltiples identidades y cometer delitos. En el caso de Sebastián Marset se han vulnerado los mecanismos de seguridad de estos documentos y es algo que se tiene que revisar”.
En el segundo destacó que tantas anomalías son “propias de un sistema precario construido para el fraude a la democracia y a la sociedad”. Y, por último, agregó que sus responsables deben asumir las consecuencias, “porque no es suficiente lavarse las manos. Es un terrible precedente que acrecienta la desconfianza en las instituciones”.
El diputado por Comunidad Ciudadana (CC) y exministro de Justicia Saúl Lara dijo que este caso ha penetrado las estructuras institucionales del Estado boliviano como ser Policía, Migración, identificación y licencias, además de la justicia.
(Fuente: El Deber)