Amparo Carvajal, la octogenaria activista, resiste en su protesta contra la toma de la casa de derechos humanos desde un colchón ubicado en la terraza del edificio en la avenida 6 de Agosto de La Paz. La silla de plástico blanca, desde donde solía saludar a quienes apoyan su medida, luce vacía desde el miércoles. La mujer expresó su molestia por el avasallamiento y el “cerco” policial al inmueble por 60 efectivos. Se siente fortalecida pese a que lleva 49 días de vigilia general y nueve desde que ingresó a la construcción donde no tiene acceso a servicios sanitarios ni agua lo que la obligó a usar pañales desechables.
La mujer de 84 años habita un toldo con techo amarillo de dos metros por dos metros, aproximadamente. Pedazos de plástico transparente simulan las paredes para dar un aspecto de carpa. Desde la acera de enfrente, se ven colchones puestos en vertical, una mesa con algunos comestibles y una silla solitaria. La imagen se completa con dos mujeres policías que acompañan siempre a la activista y la infaltable escalera que se coloca cada vez que alguien entra o sale a visitarla.
La Policía señaló que su personal está para evitar cualquier disturbio o violencia que pueda generarse entre los bloques en conflicto y que pueda poner en riesgo la tranquilidad y seguridad de la adulta mayor.
Respecto a la acción de libertad que ganó Carvajal hace más de siete días, Cruz señaló que quien debe dar cumplimiento al mandato de realizar actos de hostigamiento contra la octogenaria es Édgar Salazar como accionado y quien se encontraría en la ciudad de Sucre y no en instalaciones de la Apdhb.
Más tarde, circuló un video en redes sociales de las cinco mujeres que adoptaron la medida de presión y quienes señalan que “estamos apoyando con la huelga de hambre porque nos sentimos vulneradas y discriminadas como mujeres. Los medios de comunicación están cooptados solo salen a favor de la señora Amparo Carvajal y nos sentimos hostigadas por todo su equipo jurídico”. La mujer que dio estas palabras tenía cubierto el rostro.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo, a la cabeza de Pedro Callisaya, se pronunció a favor de la presidenta de la Apdhb por lo que solicitó al juez de Sentencia Penal Primero de La Paz, mediante un memorial, hacer cumplir la resolución de acción de libertad.
Salud y servicio sanitario
La defensora de derechos humanos, desde su vigilia instalada en la terraza, se rehúsa a recibir atención médica y exige que cualquier visita se la realice ingresando por la puerta principal, que está soldada desde la toma de las instalaciones por el grupo de Salazar, ya que considera una “humillación” para los médicos, abogados y periodistas entrar por la pared con la ayuda de una escalera prestada por los Bomberos.
A las 09:15 del miércoles, la doctora Rosario Ramírez junto a dos enfermeras del Hospital Policial treparon una escalera para visitar a la activista. Sin embargo, no pudieron examinarla y dijeron que “a simple vista tiene deterioro de salud”. La salubrista reportó que Carvajal estaba acostada en un colchón y que tampoco quiso responder a las consultas.
Casi al mediodía, el médico de confianza de la defensora, Víctor López, llegó a hacer el chequeo rutinario a su paciente. Enfatizó que desde hace algunos días ya solo realiza una visita “de amistad” y no médica porque está impedido de hacerle un examen completo por las condiciones que puso Carvajal.
“Apenas hemos hecho una revisión visual del estado general de doña Amparo, quien aparentemente está bien, está estable”, señaló. Alcides Ribera, coordinador departamental de salud de la Fejuve Santa Cruz, quien se encuentra en la Sede de Gobierno de paso cuestionó la cantidad de efectivos policiales y exigió dar cumplimiento al veredicto del juez. Sobre los servicios básicos que son impedidos, instó a las autoridades que le brinden la seguridad higiénica.
“Ella corre riesgo de tener una infección grave si no hace sus necesidades adecuadamente. Una persona con pañales puede correr riesgo de infección porque ella está en un ambiente abierto”, dijo.
Jorge Castillo, presidente de la APDH de Oruro, consideró que la Defensoría del Pueblo debería orientar la mesa de diálogo y encuentro entre la dirigencia de Carvajal y el Gobierno ya que las garantías para ejercer la defensa de derechos humanos debe provenir del Estado.
“Si hay un espacio de diálogo para buscar la salida a este problema tiene que ser con el Gobierno y sentar las bases claras para que todos los activistas entendamos que este Gobierno tiene la intención de respetar, pero si no lo hace de esa manera vamos definitivamente que como épocas dictatoriales y militares está tomando las instituciones por la fuerza”, sostuvo.
La noche de ayer, algunos artistas se unieron para realizar un pequeño concierto de protesta en apoyo a Amparo Carvajal mientras los activistas que hacen vigilia en la parte exterior recogieron firmas para la denuncia que se presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
(Fuente: El Deber)
