La Policía de Bolivia hace la devolución del camión a los propietarios, ayer en Oruro. Foto APGAnte estos sucesos, el cónsul general de Chile, Fernando Velasco, planteó la necesidad de llevar adelante una reunión de “alto nivel” entre su país y Bolivia. “Una cosa es recuperar un camión robado, pero si no se toman medidas técnicas esta situación va a seguir. Hemos estado conversando con las autoridades bolivianas”, dijo el diplomático ayer en un contacto con los periodistas, tras un acto protocolar en La Paz.
En Oruro, desde la Fiscalía y la Policía del departamento explicaron que se realizaron varios operativos con allanamientos en poblados próximos a Challapata, aunque admitieron que se trata de “una zona roja” porque allí operan organizaciones vinculadas con el tráfico de automotores robados y ‘chutos’, de aquellos que salen sin papeles desde Iquique para ser revendidos en las zonas rurales.
“Se están tomando todas las declaraciones con identikits proporcionados por las víctimas a objeto de verificar la autoría. Estas son situaciones dentro de las investigaciones que van a esclarecer y, dentro de todo, tenemos a dos personas identificadas que se los está buscando y, una vez, encontradas, se procederá con su aprehensión”, explicó el fiscal de Oruro, Aldo Morales, quien señaló que existe una organización criminal que opera en la zona.
“Son criminales que actúan en la frontera chilena como en nuestro territorio nacional. Roban el vehículo en Chile, lo llevan hasta la frontera donde hay otro grupo criminal que lo recibe, lo compra y lo interna a territorio nacional”, puntualizó la autoridad. Anticipó avances para las próximas horas.
Desde el 26 de junio, cuando le arrebataron su camión, Mario y sus hijas se movilizaron para recuperarlo. El motorizado, un tracto camión amarillo Mack con una tolva azul de tres ejes, pasó la frontera el 1 de julio e ingresó a territorio boliviano por un paso ilegal próximo al Hito Cajones.
Los propietarios siguieron las huellas del motorizado, indagando en los poblados fronterizos; intentaron poner una denuncia por robo en Uyuni y Oruro, pero la Policía no los atendió, lamentaron. María José Bello, la hija del camionero, también criticó a las autoridades de su país por permitir el paso del motorizado por el puesto de control. El fiscal Morales señaló que sobre la base de la información compartida con autoridades chilenas, el camión pasó la frontera por un paso ilegal.
Pero, poco antes de llegar al poblado fueron atacados. Primero fueron piedras y luego balas; una de ellas impactó en la espalda de don Mario y lo dejó parapléjico. Los otros impactos de los proyectiles, cuyo calibre aún no fue determinado, quedaron grabados en la carrocería del su vehículo. Luis Alfredo Anza, el acompañante, logró huir y fue hallado sin lesiones en Uyuni. Las autoridades del país negaron un “secuestro”.
El viceministro de Régimen Interior señaló que la Policía se movilizó para dar con el vehículo robado, incluso antes de que Mario Bello y sus acompañantes decidieran viajar rumbo a Challapata.
El viceministro señaló que, en el caso de Chile, existen zonas francas desde donde salen “autos chutos, asumiendo que no provienen de actividades delictivas”.
Asimismo, la autoridad señaló que en la compra-venta de autos que se realiza en las comunidades no se exigen los certificados que otorga Diprove, la unidad policial que está a cargo del control de vehículos y la investigación de autos robados.
El policía retirado y responsable del Grupo de Búsqueda de Vehículos (GBV) de Chile, Hugo Bustos, dijo que tiene un listado de unos 5.000 autos robados en el país vecino y que pueden estar en Bolivia. Algunos de estos vehículos llegaron a manos de autoridades, incluso a policías y de líderes de organizaciones sociales.
El 7 de mayo, la Conamaq, una de las organizaciones aliadas del Gobierno, devolvió un vehículo que fue obsequiado por el presidente Luis Arce porque pesaba sobre él una denuncia por robo en Chile. Otra unidad, con la misma situación legal, fue hallada en el parqueo de la Asamblea Legislativa Plulrinacional. El vehículo fue dotado por el Ministerio de la Presidencia, pero no tenía el reporte de robo.
La diputada Luisa Nayar, de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), pidió ayer al Gobierno transparentar la información sobre las personas que están siendo buscadas por la Policía. “Llevaremos adelante las acciones de fiscalización respectiva”, dijo Nayar en una entrevista en el programa Influyentes, de EL DEBER Radio.
Poco después, Nayar presentó un registro de audio con el que implicó al sargento de Policía Heber Huañarraya. En un contacto telefónico con las víctimas, se escuchó al uniformado pedir a “los familiares” que vayan a San Cristóbal, en la provincia Nor Lipez de Potosí, para recuperar el camión. Claro, a cambio los Bello tendrían “que reconocer” la ayuda.
En Calama, de donde era el camionero afectado, ayer una movilización pidiendo justicia.
(Fuente: El Deber)
