Ciudadanos consideran que la justicia en el país es punitiva y no reparadora
Escrito por Boris Bueno Camacho el 27 de junio de 2023
La evaluación que hacen los ciudadanos del Estado y funcionamiento de la justicia boliviana es “mala o insatisfactoria”.
El documento elaborado por la Fundación Construir contempla varios aspectos de la justicia, entre ellos la situación de independencia judicial a 2022. El documento fue presentado ayer en Cochabamba.
De acuerdo con el estudio, el 44 por ciento de la población considera que el rol de la justicia es “castigar a los culpables” de ilícitos, en tanto, casi un 36 por ciento piensa que es “proteger a las víctimas” y un 20 por ciento “reparar el daño”.
Valores ciudadanos
Sobre la principal tarea del sistema de justicia y el peor error que puede cometer el sistema, el trabajo concluye que “el rol de la administración de justicia es punitiva” por encima de las alternativas de proteger o reparar el daño.
Por lo que se determina que existe una “frustración con la impunidad y las fallas en la administración de justicia” que puede resultar incluso en un escalamiento de la apertura y recurso a la violencia para resolver conflictos.
Resultados
“La confianza que inspiran sus instituciones, la transparencia del sistema, su eficiencia en luchar contra la corrupción, la independencia del sistema, su desempeño general y los principios que regulan su operación, en todas las dimensiones la calificación es insatisfactoria”, refiere el informe.
Agrega que “los ciudadanos expresan una comprensión fundamentalmente punitiva de la función de la justicia y una apertura creciente al uso de la violencia como recurso para resolver conflictos y desacuerdos en un ambiente generalizado de impunidad y desprotección por ineficiencia de la administración de justicia”.
Cuestionan limitar el control social en judiciales
El estudio sobre el Estado de la justicia 2022 señala que con el argumento de que el Legislativo tiene la facultad de preselección, potestad indelegable, “no debe confundirse la delegación de funciones con el control social”.
“Si bien la normativa reglamentaria aprobada por la Asamblea Legislativa reconoce la facultad de la sociedad civil (…) conformación de comités de acompañamiento y asesoramiento técnico”, esto es meramente nominal porque dentro de los límites fijados para estas instancias se encuentra “la prohibición de que emitan criterios públicos”.
“Un proceso adecuado de nombramientos y selección de magistrados constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia de las y los operadores de justicia”, señaló en su momento la CIDH respecto a la situación de la justicia boliviana.
(Fuente: Los Tiempos)
