Eduardo Rodríguez Veltzé se convirtió en el sexagésimo cuarto presidente de la república
Eduardo Rodríguez Veltzé asumió la Presidencia el 9 de junio de 2005, después de la renuncia de Carlos Mesa. Preservó la institucionalidad
-El 9 de junio se cumplieron 18 años de que usted asumió la Presidencia de Bolivia, ¿cuál fue el hecho que lo marcó?
Considero que lo más importante ha sido conservar la institucionalidad democrática que en ese tiempo se veía acechada por sucesivas crisis que se expresaron en las renuncias de los presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada y de Carlos Mesa, en medio de una inestabilidad política e institucional. Lo importante fue forjar los acuerdos que nos permitieron transitar, sobre todo, en paz hacia un nuevo orden democrático y eso representó un acuerdo sustentado sobre cuatro pilares: Primero, acordar que la sucesión no era solo para el presidente, sino también para el Congreso, con la renuncia de dos años de mandato. Segundo, la elección del prefecto por voto popular en lugar de la designación del presidente, como se hacía hasta ese entonces. Tercero, la celebración de un referéndum Autonómico y, cuarto, la convocatoria a una consulta por la Asamblea Constituyente. Los acuerdos fueron producto de una laboriosa actuación del equipo de mi gobierno con las fuerzas políticas de ese entonces y con los diferentes sectores para que se produzca la transición, a pesar de que en medio hubo algunos intentos por cambiar al gobierno. Hay que recordar la crisis de los escaños, el fallo del Tribunal (Constitucional) que anularon la elección y varios imponderables que superamos. Actualmente estamos viviendo otros tiempos democráticos, pero con problemas.
-En su discurso de posesión presidencial usted mencionó que observaba con cierto pesar la desesperanza de los jóvenes con el país. ¿Cómo ve a Bolivia 18 años después?
En estos 18 años se ha producido una gran transformación, posiblemente la más transcendental de las últimas décadas con la promulgación de una nueva Constitución, producto de una Asamblea Constituyente y, un referéndum, que, tal vez, abrió nuevas esperanzas y nuevos rumbos a los bolivianos. No obstante, creo que han surgido nuevas crisis, algunas muy serias, en los últimos años que me permiten afirmar que nuevamente vivimos tiempos de desesperanza para los jóvenes. A mi retorno de la misión (diplomática) en Europa advertí que la crisis de los incendios, la polarización política, del Covid, la crisis de educación y la situación económica debían llevar a nuestra clase política, en particular a los que estaban candidateando, a forjar nuevos consensos para enfrentar estas grandes divisiones tan intensas que se han producido y trazar un rumbo de mayor afecto a la convivencia armónica, pero lamentablemente eso no ocurrió. Por el contrario, estas crisis se agravaron. Creo que es indispensable que pensemos en la concurrencia de un nuevo momento constituyente, no solo para mejorar la Constitución, sino para transitar hacia un nuevo tiempo de confraternización y de convivencia más armónica y no de tanta polarización. Sobre todo, que no haya enquistamiento ni de la venganza que utiliza el sistema judicial con ese propósito.
-En su criterio, ¿qué se debería hacer con la justicia?
Se hace necesario partir por un gran diagnóstico plural, participativo y responsable que nos permita examinar cada uno de los factores que intervienen en esta crisis tan profunda. Soy ajeno a pensar en soluciones que partan de que el cambio de 26 autoridad en la cúpula del sistema (judicial) va a mejorar el servicio. Hay que destacar que esos 26 jueces elegibles solo ven el 2% de las causas en el país, el resto está librada a un sistema que no goza de confianza ni tiene un desempeño eficaz. Sugiero partir por un diagnóstico que permita identificar el problema, después trazar un plan de acción que es muy complejo. Hay temas como la actualización de los códigos o de la legislación judicial; se necesita elaborar una política que limite los poderes del Estado, sobre todo del Ministerio Público o la Fiscalía que ha convertido la persecución o los juicios penales en la herramienta política y no de atención a la justicia penal. Se necesita justicia administrativa, se requiere ajustar los límites y las competencias del Tribunal Constitucional, de institucionalizar la carrera administrativa, etc. Hay que invertir la forma de abordar el problema judicial, no partir solamente por distribuir elecciones de jueces, sino más bien partir de la base de prestar un servicio al ciudadano que se sienta bien juzgado y que tenga la sensación de que hay un sistema equilibrado de justicia.
(Fuente: El Deber)
