Red de tráfico de coca donada burló nueve filtros de verificación en Viceministerio
Escrito por Boris Bueno Camacho el 15 de junio de 2023
La Csutcb apunta al viceministro Arlem Lovera y al dirigente de Cofecay afín al MAS, Ernesto Mamani. Directores de unidades jurídicas y de Digcoin no advirtieron la falsificación de documentos.
La red de tráfico de coca donada burló nueve filtros de verificación en el Viceministerio de la Coca y aún no se conoce a los responsables de la falta de control. Desde la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) se habla de decomisos “direccionados” de la hoja sagrada a los productores de los Yungas.
La denuncia de la Csutcb se realizó el lunes, apuntando a Lovera, al dirigente del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay), afín al MAS, Ernesto Mamani y a su presunta pareja sentimental, Naftha Otmar, funcionaria del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA). Ramírez sostiene que esa “red de tráfico de coca” falsificó resoluciones de comunidades campesinas y organizaciones sociales por más de un año, para lograr donaciones de taques de coca, sacos de 50 libras con un valor promedio de 30 bolivianos, lo que pudo generar un daño económico al Estado de 1,8 millones de bolivianos.
Las personas que hicieron los trámites para lograr la donación de la coca serían, según el dirigente de la Csutcb, “palos blancos”, jóvenes “reclutadas por la pareja de Mamani”, que prestaron su identidad, falsificaron credenciales y el Viceministerio les otorgó varios taques de coca. Ramirez afirma que las solicitantes mentían sobre el uso que le darían a las donaciones, en supuestos eventos de comunidades y locales donde no hubo ninguna actividad.
Lovera confirmó que, en uno de los casos, Naftha Otmar, quien, pese a ser funcionaria del MMAyA, presentó una credencial y firmó una resolución como “técnico profesional de apoyo a la Federación de trabajadores campesinos de Beni”. Ella solicitó 300 libras de coca para un ampliado de esa organización, que debía realizarse en el local del “Sindicato de Volantes Yungas de la ciudad de La Paz”, el 19 de abril.
Esta solicitud fue aprobada, pero sólo se le concedió 150 libras, luego de pasar por nueve filtros en el Viceministerio de Coca, pero después del supuesto evento Otmar no presentó sus descargos. La sanción administrativa que se le impuso fue la de ya no estar habilitada para el trámite de donación.
La ruta crítica
El martes, Lovera expuso un cuadro con los nueve pasos que se deben seguir para que una organización campesina o social logre la donación de coca de ese Viceministerio.
El primer filtro es la presentación de una solicitud ante la ventanilla del Viceministerio, que debe cumplir con varios requisitos como la acreditación con resoluciones de las organizaciones, las que deben llevar sellos y firmas de sus representantes, además de detallar el uso que se le daría. Lovera afirmó que la donación para el masticado de coca o “akulliku” es mínima y la mayor parte, supuestamente, es destinada a las direcciones de investigación de institutos y universidades para la generación de composta, por ejemplo.
El segundo nivel de control es la aprobación del pedido en el despacho del viceministro Lovera, el tercer paso se da en la Dirección Jurídica, donde se realiza una resolución administrativa y legal. El cuarto paso es la firma de dicha resolución por el viceministro.
El quinto filtro de control se da en la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin), donde nuevamente se verifica las credenciales del solicitante y el uso que se le daría. La sexta etapa se cumple en la “Unidad III de Control, Fiscalización y Revalorización de la hoja de coca”, que luego de aprobar la solicitud la pasa el séptimo nivel, que se da ante el “Jefe de Comercialización Nacional”.
“Luego pasa al Jefe de Comercialización de La Paz y finalmente llega al encargado de donaciones”, concluyó Lovera.
La coca que el Viceministerio entrega proviene de los decomisos que realizan las diferentes instancias de control y la Policía. Los secuestros de este producto se dan principalmente contra los cocaleros de los Yungas, región que vive constantes hostigamientos del Gobierno, que desde 2018 busca tomar el control de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca).
Ramírez denunció que los decomisos de coca estaban direccionados y se daban en coordinación con esta red, aseguró que en algunos casos se verificó que solo un día después de que se realizaron operativos en los Yungas, los tramitadores presentaron sus solicitudes por la misma cantidad de coca comisada.
En lo que va del año, Digcoin ha decomisado 186 taques de coca, en 37 operativos. En contrapartida, en el mismo periodo de tiempo, el Viceministerio de Coca ha donado 492 taques de coca a 310 personas que hicieron el trámite.
Otras denuncias de desvío
Para Ramírez, el burocrático trámite que se hace para lograr la donación de coca no impidió que la red de tráfico se beneficie con grandes cantidades de taques y luego los revenda en el mismo mercado de Adepcoca, en Villa Fátima. Pero no es la primera vez que se denuncia el desvío de coca para fines ilícitos.
En abril de 2022, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, denunció al exdirigente cocalero y actual diputado del MAS, Freddy Velásquez, por un presunto desvío de coca a zonas consideradas rojas, donde se produce cocaína.
De acuerdo con un registro al que accedió Página Siete, entre 2017 y 2019, Velásquez recibió 6.550 libras de coca incautada en calidad de donación en un registro de 44 solicitudes. De ese total, sólo 17 tuvieron un descargo.
Un mes después, el director general de Digcoin, Darío Manríquez, denunció que “algunos dirigentes no estaban llevando la hoja de coca donada a los diferentes ampliados de organizaciones sociales (…) Hemos podido evidenciar que algunas organizaciones no estaban cumpliendo y además estaban montando fotografías”.
(Fuente: Página Siete)
