En los últimos cinco años, 593 mujeres en Bolivia sufrieron violencia política

El acoso y la violencia política se ejercen a través de actos de presión, persecución, hostigamiento, amenazas, violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. Lo que los agresores buscan contra sus víctimas es acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su cargo, también les inducen u obligan a que renuncien o incurran en una omisión en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos, informó la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol)

“Lo más frecuente son amenazas y discriminación para que no fiscalicen las actividades que hace el Gobierno Municipal, como ser sus obras. También existe bastante discriminación porque muchas no tienen formación académica, sí tienen formación dirigencial, pero no conocen de administración pública. A veces sus propios colegas no pasan información que requieren las concejalas, eso es obstaculizar su labor, hasta generar agresiones físicas y atentatorias contra su vida”, informó a ANF Gróver Sinka, director ejecutivo de Acobol.

Esto le pasó a la concejala del municipio de La Asunta en 2021 y de la cual se reserva su nombre. Ella contó a ANF que cuando asumió su cargo sufrió por aproximadamente un año burlas por parte de los otros concejales hombres cada vez que ella opinaba o proponía futuros proyectos para el bien de su municipio.

“Me han hecho firmar un documento privado y notariado indicando que debo dar paso a mi suplente en tres años. Esto se cumple al año, 2024. Había sido ilegal (este tipo de acuerdos), no es normal. Yo puedo asumir mis cinco años y voy a pedir ahora que se respeten mis derechos”, dijo la concejala.

También se manifiesta el ejercicio de poder. “Los hombres siempre quieren estar en la palestra, en las primeras líneas en el ámbito político y social, hasta se mofan cuando una mujer plantea políticas públicas en las reuniones. Ahora sé que nadie me puede obligar a renunciar”, prosiguió la concejala.

Y este no es el único caso, ya que, según la Defensoría de Pueblo, 78 son las mujeres políticas afectadas con estos compromisos de gestión compartida: 16 en La Paz; 17 en Chuquisaca; 16 en Cochabamba; nueve en Oruro; ocho en Potosí; seis en Tarija; dos en Santa Cruz; dos en Pando y dos en Beni.

“Estos compromisos vulneran los derechos políticos de las mujeres, concejalas y asambleísta departamentales particularmente. Y esto impide que puedan culminar con el periodo de sus funciones, debilita efectivamente el escenario de ejercer el poder público y la construcción de una democracia paritaria y en igualdad de condiciones”, señaló el defensor del pueblo, quien señaló además que el informe se realizó entre agosto y octubre de 2022 mediante encuestas realizadas a 326 mujeres autoridades, 268 concejalas y 58 asambleísta.

Otras formas de violencia

Además de la discriminación (1), los tipos de violencia que sufren las autoridades políticas, según Acobol, son 13: represalias contra ellas cuando solo cumplen su deber de fiscalizar al ejecutivo municipal (2); limitan sus funciones (3) y les presionan para que renuncien a sus cargos (4).

Del total de las denuncias recibidas en Acobol, la defensoría y otras instancias, solo dos casos presentan sentencia ejecutoriada, el resto continúan en proceso o fueron abandonados por las mismas víctimas.

Dina Chuquimia, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) lamentó que el Ministerio Público se haya convertido en un cuello de botella porque “no se ve un trabajo efectivo”, incluso les rechazaron tres casos de violencia política. Enfatizó que la concejala municipal de Riberalta, Soraya Destre, fue agredida y golpeada con un fierro en su muñeca por una persona -a la que no se logró identificar-, ocasionándole una fractura. Su proceso continúa.

“Conforme a los datos del OEP (Órgano Electoral Plurinacional) la principal razón de renuncia no es el AVP (acoso y violencia política), sino las razones personales y familiares; sin embargo, el trasfondo de dichos casos sería la presión que ejercen los suplentes para que las mujeres autoridades electas renuncien”, se lee en el informe defensorial.

“Cualquier normativa puede ser buena, pero es importante su aplicabilidad y eso está fallando, hay obstáculos y al final el caso se archiva, por otro lado, los medios probatorios de la violencia son complejos de poder generarlos. El caso de Juana Quispe está empantanado por diferentes falencias de la justica, estamos llevando el caso a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)”, dijo Sinka.

Justamente el director ejecutivo de Acobol complementó que seguramente el próximo año recibirán muchas denuncias de concejalas que deberán dejar su cargo tras el acuerdo firmado con su suplente, pues ya se cumplen, en la mayoría de los casos los tres años.