Ante la inseguridad jurídica, Anapo impulsa propuestas para superar la incertidumbre de los productores

En un conversatorio organizado por la institución, representantes de los productores de soya de Santa Cruz y analistas coincidieron y plantearon algunas propuestas de solución definitiva para garantizar la seguridad jurídica para las tierras productivas en el país.

Fuente: ANAPO

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) llama a concertar una agenda agraria entre los actores del sector productivo y del Gobierno, para dar soluciones conjuntas que brinden seguridad jurídica a las  tierras que producen alimentos para el país. En el conversatorio “Los desafíos para la seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra”, realizado por la institución la pasada semana, su presidente, Fernando Romero, apeló a la fe del Estado, al cumplimiento de la ley y al compromiso del Presidente Luis Arce de no tolerar ningún tipo de avasallamiento.

El evento contó con las ponencias de tres expertos en el área: Gonzalo Flores, Gustavo Pedraza y Fernando Asturizaga, ante la concurrencia presencial de productores, representantes de instituciones del sector agroproductivo y de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz; y virtual de líderes del sector privado de otros departamentos.

Entre sus conclusiones, en tono abierto al diálogo, Romero enfatizó que Anapo es una “institución que busca encontrar soluciones y generar mejores condiciones para lo que mejor saben hacer los productores: producir alimentos para Bolivia, que es probablemente la actividad más noble”. Y pidió al Gobierno “que dé cumplimiento a las leyes vigentes y sancione de forma contundente los actos delictivos en la toma ilegal de tierras productivas”.

Durante el debate, los expertos expusieron algunas ideas de solución para garantizar la propiedad de la tierra y frenar los avasallamientos que ponen en riesgo la soberanía alimentaria del país. Fernando Asturizaga, Gustavo Pedraza y Gonzalo Flores coincidieron en la importancia de recuperar la institucionalidad de las entidades agrarias, de concluir con el proceso de saneamiento de las tierras, de promover cambios en la justicia para terminar con la impunidad y proteger el derecho propietario, y de exigir el cumplimento de la ley a los órganos competentes del Estado.

Pedraza apuntó que el Estado ha fallado en su rol de proteger la propiedad productiva privada, al no haber consolidado instituciones firmes en su labor por encima de intereses políticos y dejar de velar por la seguridad jurídica de quienes tienen títulos de propiedad y están trabajando en las tierras. “Se tienen que cumplir las leyes y normas que sancionan los avasallamientos; hay cambios en las normas jurídicas que se convierten en instrumentos para satisfacer objetivos políticos de poder”, acotó.

En su intervención, Asturizaga mencionó que existe una irregular distribución de tierras, sin el control social pertinente, debido a la falta de funcionamiento de las comisiones agrarias a nivel nacional y departamental. Además, que los títulos saneados tienen menor validez y vigencia que un contrato de usufructo. “Esto causa que el productor propietario quede en total incertidumbre e indefensión jurídica”, apuntó el abogado experto en derecho agrario, ambiental y desarrollo rural.

Expuso que -según datos del INRA de finales de 2022- la tenencia de la tierra saneada entre la pequeña propiedad y la propiedad comunitaria es de 26,1 millones de hectáreas (28%), los Territorios Indígena Originario Campesinos en tierras altas y bajas con 25,6 millones de hectáreas (27%), las tierras fiscales en manos del Estado son 26,8 millones de hectáreas (29%) y la mediana propiedad y empresa agropecuaria con 14,9 millones de hectáreas (16%). Esto demuestra que la distribución de la tierra destinada a sectores indígena originario campesinos puede llegar a beneficiarlos con el 84% del área rural del país, considerando que -de acuerdo con la Ley 3545- las tierras fiscales deben ser entregadas en exclusividad a comunidades.

En ese sentido, Asturizaga opinó que el papel de las entidades agrarias dentro de los Órganos Ejecutivo y Judicial no generan seguridad jurídica para los productores debido a varios factores, entre ellos la aplicación retroactiva de la Constitución, el manejo discrecional de la normativa agraria y un evidente rechazo de las autoridades hacia el sector productivo; lo cual genera incertidumbre para orientar mayores inversiones en la tierra y una evidente desconfianza en las entidades que debieran proteger a quien cumple con la función económica social.

“Los hechos ocurridos en Las Londras han mostrado un montón de delitos cometidos por los avasalladores, como alzamiento armado, terrorismo, lesiones, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento, desmonte ilegal y robo entre otros, con la particularidad de que solo se detuvo a dos personas y ambas actualmente se encuentran libres”, aseveró. En ese sentido, propuso que a la culminación del saneamiento de tierras, se dé fin al proceso de reforma agraria y se modifiquen las formas de acceder a la tierra fiscal en Santa Cruz, bajo la modalidad de titulación individual.

El sociólogo Gonzalo Flores indicó que el rol fundamental del Gobierno debe ser generar condiciones adecuadas y reglas claras para promover la producción de alimentos, garantizando seguridad para las inversiones. Esto es fundamental porque los productores agropecuarios bolivianos tienen la posibilidad de apoyar a la reducción de la pobreza, crear riqueza y garantizar la alimentación para el país, sin embargo “las intervenciones de un Estado que quiere planificar la economía y controlar  los mercados, reducen las  libertades comerciales, les quitan potencial y generan grandes perjuicios por el desincentivo para aumentar la producción”.

Manifestó que como está la política agraria, los productores no son realmente dueños de sus tierras, principalmente en las tierras altas del país. “El gobierno se niega y pone excusas al productor y con eso impide a la gente a disponer de algo que es suyo”, enfatizó Flores.