Investigan a más de 40 personas en Uruguay por pertenecer a una organización vinculada a Marset que amenazó a una fiscal

(Desde Montevideo, Uruguay) – La fiscal uruguaya de Estupefacientes Mónica Ferrero leyó en su celular: “Estamos un poquito enojados, como ve, con la parte de narcóticos. Ya le dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo. Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar. A partir de ahí, no va a haber atentados ni contra las entidades a cargo de usted, ni contra usted. Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. Si ustedes flexibilizan, nosotros también lo haremos”.

Cuando esta amenaza se concretó, hacía pocos meses que la fiscal Ferrero había incautado dos toneladas de cocaína.

La investigación por las amenazas, encabezada por el fiscal Diego Pérez, permitió descubrir que el mensaje fue enviado desde un celular que pertenecía al contratista de fútbol Gerardo Arias y que era utilizado por su hijo Rodrigo. Este joven fue imputado con arresto domiciliario por 60 días por un delito de violencia privada especialmente agravada por encontrarse involucrado en la organización delictiva y por un delito de tenencia no autorizada de municiones. En su casa se encontró un cargador con cartuchos caxlibre 9 mm marca FC, un proyectil calibre 23 largo, un cartucho percutido y un cargador marca Glock con capacidad para 17 cartuchos.

Su pareja, Romi González, había sido imputada unos meses antes. Fue detenida mientras conducía una camioneta con los 450 kilos de droga. La mujer, según el fiscal Pérez, había realizado “sendos giros dinerarios” a través de redes de cobranzas. Parte de ese dinero era dirigido a Lourdes Ramírez, otra integrante de la organización que luego fue condenada en un proceso abreviado (que implica el reconocimiento de un delito a cambio de una pena menor).

Otro imputado fue Alejandro Borba, a quien se le incautó una moto Kawasaki modelo Ninja que figuraba como hurtada. Este es el vehículo con el que se cree que se efectuó el atentado con la bomba molotov en la brigada antidrogas.

Entre los imputados también hay una vendedora ambulante, un carnicero, una empleada de la telefónica estatal Antel de un barrio periférico, un soldador y un comerciante dueño de un taller de caños de escape, enumeró el diario uruguayo.

Sin embargo, las autoridades uruguayas se han expresado en contra de negociar y su defensa se niega a que sea extraditado cuando cumpla esa pena.