JUDICIALES. Legisladores de Comunidad Ciudadana protestan por la prórroga de mandato. Foto: archivo
La Fiscalía en Chuquisaca envió requerimientos al TSJ, Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y Tribunal Constitucional Plurinacional pidiendo certificaciones de quiénes están ejerciendo funciones como magistrados y consejeros en el Órgano Judicial y el TCP, dentro de la investigación de la presunta comisión de delitos de anticipación o prolongación de funciones con la ampliación de mandato dispuesta en la Declaración constitucional 0049/2023.
El requerimiento del Ministerio Público en Chuquisaca, se enmarca en los actos investigativos contra autor y autores de la presunta comisión del delito de anticipación o prolongación de funciones. Emitió requerimientos a los responsables de Recursos Humanos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TA), Consejo de la Magistratura (CM) y el propio órgano constitucional para que certifiquen quienes están cumpliendo funciones como magistrados y consejeros.
Estos actos investigativos que realiza el Ministerio Público responden a la denuncia de una veintena de asambleístas de Comunidad Ciudadana (CC), que el 2 de enero entregaron un memorial en la Fiscalía General exigiendo que el titular, Juan Lanchipa, identifique a los magistrados y consejeros que continúan ejerciendo funciones de “facto” y promueva acciones penales por usurpación de funciones.
Lanchipa emitió un proveído en el que rechaza la investigación en esta instancia y recomienda a los denunciantes que deberían acudir a la Comisión de Justicia Plural del Legislativo para el inicio de un juicio de responsabilidades pero a su vez, remitió los antecedentes de esta denuncia a la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, que el 4 de enero, a través de su Unidad de Análisis, admitió el inicio de investigaciones por la supuesta comisión de delitos en la prórroga de mandato de los magistrados y consejeros.
¿Apoyo?
El jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, afirmó que el gobierno de Luis Arce apoyó la prórroga de los magistrados con el fin de que el Tribunal Constitucional Plurinacional proceda a la inhabilitación de su candidatura en miras a las elecciones de 2025.
“Quiero que sepa el pueblo boliviano que está plenamente confirmada esta información”, sobre el acuerdo entre el TCP y el Gobierno, afirmó Morales.
Morales afirmó que la mayor parte de la población y de los sectores sociales están en desacuerdo con la determinación del TCP que dio luz verde a que los magistrados sigan en sus cargos más allá de su gestión y “ahora se están levantando y piden que se realice inmediatamente las elecciones judiciales”.
Control jurisdiccional
El control jurisdiccional de esta investigación del Ministerio Público está a cargo de la jueza de Violencia Familiar y Anticorrupción Nº 4, Miriam Flores de la Capital.
(Fuente: Correo del Sur)
