Juristas y ONG evidencian que cárceles y Justicia son las que más vulneran los derechos humanos

Aprehensiones ilegales y tortura, juicios sin debido proceso, detención preventiva oficiosa que genera niveles críticos de hacinamiento en las cárceles, donde además hay consumo de alcohol y drogas, cobros extorsivos y muertes impunes que, entre otros, junto a un precario sistema de salud y trabajo, evidencian que el sistema de justicia y las cárceles son las que más vulneran los derechos humanos en el país, de acuerdo al criterio de los juristas Jorge Valda y Ramiro Llanos e informes de ONG que aborda el tema.

“Los derechos humanos en Bolivia no se respetan bajo distintos argumentos que están claramente evidenciados: tenemos las cárceles más hacinadas a nivel latinoamericano, donde debe entrar uno están cuatro”, dijo Valda a ANF consultado con motivo del Día de los Derechos Humanos que se celebra cada 10 de diciembre, fecha en la que se conmemora la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Indicó que es inaudito que, pese a las distintas denuncias e informes nacionales e internacionales, en las cárceles no existan condiciones para la atención sanitaria y los privados de libertad “sigan siendo tratados como escoria, como si no tuvieran los mismos derechos de un ser humano”.

“Una persona al estar privada de libertad, sea con condena o detención preventiva, el único derecho que se le suspende es su libertad de locomoción, pero no su derecho a la salud, no su derecho a la vida, no su derecho a la educación para que pueda retornar a la vida social”, apuntó.

Dijo que ya no se trata solo de vulneración a los “presos políticos”, sino a las demás personas que se encuentran en las cárceles “en total inseguridad jurídica, sin un debido proceso, porque la detención preventiva se ha convertido en la regla y las medidas personales sustitutivas a la detención en la excepción”.

El exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, en el mismo sentido identificó que la detención preventiva, que es responsabilidad del sistema de justicia, es lo que más afecta y genera sobrepoblación penitenciaria y se debe corregir.

Indicó que, si bien no es responsabilidad de Régimen Penitenciario, hay aforos en las cárceles, con capacidades establecidas, y esa dirección no debe dejar entrar a nadie más si un recinto carcelario supera su capacidad.

“Si una cárcel tiene capacidad por decir para 1.000 personas y no puede entrar nadie más, Régimen Penitenciario tiene que devolver a las personas a las instancias judiciales, no es meter y meter gente a las cárceles donde no hay capacidad”, reprochó.

Un reciente informe del Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia Estatal (ITEI), ONG de Derechos Humanos y salud mental, concluyó que en las cárceles de La Paz, en las que intervino, se incumplen reglas internacionales en temas penitenciarios, ratificadas por Bolivia, con la consecuente vulneración sistemática de los derechos de las personas privadas de libertad, más aún por el alarmante uso de la tortura.

El ITEI intervino mediante talleres, desde 2020, en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, el Centro de Rehabilitación Juvenil de Qalauma, el Centro de Orientación Femenina de Obrajes y el Penal de San Pedro de Chonchocoro. En los talleres, el ITEI presentó a las personas privadas de libertad las reglas internacionales de Nelson Mandela, Bangkok y La Habana que establecen los estándares mínimos de encarcelamiento.

El director del penal de San Pedro de La Paz, teniente coronel Sergio Sillerico, con motivo del Día de los Derechos Humanos, dijo en un acto público realizado en el recinto que “el compañero privado de libertad no pierde su condición de ser humano por haber cometido algún delito o haber cometido algún error, siguen siendo nuestros similares y como tal tienen que ser tratados (…), nuestro compromiso de velar siempre por los derechos humanos de los compañeros privados de libertad y de sus familias que los visitan”.

“Ellos son los causantes de la adicción de jóvenes y de adultos en el tema de drogas, en ese sentido el violador de derechos humanos es la autoridad si no toma las medidas correctivas”, remarcó.

Refirió que este es un tema de principios y preguntó: ¿quién mete la droga a las cárceles? ¿Quién tiene las llaves de las puertas? Concluyó que mientras tengamos policías en los recintos penitenciarios, esta situación va a seguir.

“Cuando se vaya la policía vamos a dejar de tener drogadictos en cárceles, porque la coca entra por kilos, ahí se forma un círculo de gente que vende droga y se vuelve consumidora, todos lo saben y nadie hace nada”, apuntó.

Según sus estudios, el 48% de gente en las cárceles consume alcohol y el 38% cocaína, por lo que no se puede hablar de rehabilitación ni de cárceles productivas.

Valda señaló que la impunidad y la falta de justicia es uno de los principales problemas de los derechos humanos y ahora “ni siquiera contamos con la elección judicial que nos permitiría transitar a un nuevo episodio de la justicia boliviana”.

Además, indicó, cómo podemos hablar de que existen derechos humanos en Bolivia si ni siquiera hay una unidad de investigación en casos de torturas. Dijo que el Servicio de Prevención de la Tortura (Sepret), que estaba a cargo del Ministerio de Justicia, fue delegado a la Defensoría del Pueblo con el nombre de Mecanismo de Prevención de la Tortura, pero “no le designan un solo centavo para cubrir la labor de investigación”.

“Todos conocemos el caso de César Apaza donde se ha evidenciado actos de tortura y se ha demostrado inclusive por documentos internacionales que ha existido tortura en contra de un privado de libertad, pero hasta ahora siguen impunes, es por eso que la policía sigue torturando y maltratando a los privados de libertad, y lo va a seguir haciendo mientras no existan acciones de castigo a los actos de abuso de autoridad que cometen funcionarios policiales”, apuntó.

(Fuente: ANF)