Enfrentamiento en Guarayos: Pedraza ve conflicto de intereses y dice que el Gobierno no actúa porque hay gente del MAS involucrada

El exministro de Desarrollo Sostenible y Tierras, Gustavo Pedraza, consideró que los conflictos por tierras en Guarayos son consecuencia de dos factores: la falta de control del Estado de tierras fiscales y la inactividad de la fuerza pública.

En ese contexto, observó que en este caso hay un conflicto de intereses con un trasfondo partidario vinculado al gobierno del MAS y denunció que los operadores de justicia están sometidos al Gobierno.

El sábado se registró enfrentamientos en la comunidad Pailitas, en la localidad de Guarayos, en el departamento de Santa Cruz, que dejaron un fallecido y varios heridos.

Al menos cinco personas fueron evacuadas hasta una clínica privada en Montero, mientras que el cuerpo de la víctima fue trasladado hasta la morgue de ese municipio.

En ese marco, indicó que “hay una decisión del INRA que ha sido hecha pública, pero el tema no está solo en emitir una decisión institucional en este caso, sino en hacerla cumplir”.

“El INRA concluyó el proceso de saneamiento de tierras en todos los predios de la zona denominada Las Londras, en noviembre de 2021, declarando ‘tierras fiscales no disponibles’ una superficie total de 18.092 hectáreas, por encontrarse dentro de la Reserva Forestal Guarayos y constatar que las posesiones fueron posterior a la creación de la Reserva Forestal, dichas resoluciones finales de saneamiento de tierras, emitidas por el INRA, fueron impugnadas ante el Tribunal Agroambiental, con demandas contenciosas administrativas y al estar impugnadas, el INRA no tiene competencia”, reseña el documento.

Violencia

“Es decir, nadie cuida la tierra pública. La gente se entra, se asienta, la reclama como suya, el INRA le dice que es reserva, y de ahí para. La disputa entre particulares genera violencia. Cuando no hay la intervención de la autoridad pública, esto tiende a dirimirse entre particulares”, sostuvo.

En su juicio, “pareciera que en Guarayos hay una situación de guerra, esa batalla campal con machetes, con cuchillos, con escopetas nos hace ver que no hay una autoridad pública que detenga esto” y “que es superada” por una fuerza civil ilegal.

¿Por qué el Gobierno no puede tomar el control definitivo? ¿Por qué la policía se retira?

“Hay conflicto de intereses acá y tiene que ver con la militancia en el partido, lo que sucede con la minería ilegal”, explicó.

Militancia

Para sustentar su hipótesis, Pedraza puntualizó que “si interviniera el Gobierno, estaría actuando en contra de su militancia” y “aquí se nota que el partido se sobrepone a la ley, a la Constitución y a las instituciones”.

Pedraza puso en mesa que el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) es nombrado por el Gobierno y -en su juicio- “es el partido” el que al final cobra protagonismo.

Asimismo, dijo que ni los campesinos ni interculturales “no le tienen miedo” a la Policía y la Fiscalía.

“Saben que el partido maneja estas instituciones. Y esto es lo lamentable, que la institución más importante de la fuerza pública esté sometida a los designios del partido de Gobierno y no al mandato constitucional que tiene la Policía”.

“Esto es lo grave, que la fuerza pública, que el sistema judicial, que el Ministerio Público esté sometido a la línea del partido y no a lo que dicen las leyes y en este sentido no sólo en este campo, sino en todos los campos de la gestión del Estado”, denunció.

¿Quién hace cumplir las decisiones del INRA? Pedraza afirmó que “la Fuerza Pública” es la encargada de hacer cumplir la ley “en este caso, la Policía, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público para que estas personas sean sancionadas y se corte este conjunto de actividades que prácticamente han naturalizado la violencia”.

“Este estado de guerra de la Reserva Forestal de Guarayos tiene que ser controlado por la autoridad pública. Si no lo es, vamos a lamentar más muertes y más confrontaciones como las que están viviendo ahora en Guarayos”, advirtió.

El exministro subrayó que “la más alta función del Estado es la protección de la vida” y, por lo tanto, “debería estar ya investigándose, y además tomando acciones. O sea, decomisando armas, deteniendo a la gente que las portaba. Si no se hace esto, vamos a seguir este año que viene, y el otro año, como han sido los últimos 10 años de violencia, van a haber más muertes”.

(Fuente: Unitel)