El presidente Luis Arce denunció este jueves que el pacto entre legisladores evistas, camachistas y mesistas tiene el objetivo de boicotear la gestión económica del Gobierno y frenar la entrega de obras.

Las declaraciones del mandatario, desde Trinidad, en Beni, coinciden con las del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, quien hace unos días reprochó el “sabotaje pactado” entre Evo Morales, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, por el rechazo en la Asamblea a la Ley de Modificación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023.

«Lo conversábamos con el alcalde de la ciudad de Trinidad (Cristhian Cámara), muchos alcaldes, no solamente de las capitales de departamento; sino fundamentalmente del área rural, estaban esperanzados en que se apruebe el presupuesto adicional del Gobierno nacional», afirmó Arce.

Obras

Arce denunció que las acciones del bloque opositor «tienen el objetivo de boicotear la gestión económica, de paralizar, de que no se avance en esto (la entrega de obras), que es importante porque el pueblo boliviano no quiere peleas, el pueblo boliviano quiere entrega de obras».

Sin embargo, aseguró que seguirá «entregando obras digan lo que digan, hagan lo que hagan, porque desde el primer día lo único que hemos hecho es trabajar».

“Este sabotaje pactado en contra del pueblo boliviano ha sido perpetrado por estos 92 asambleístas. Es una prueba flagrante de este pacto entre Evo (Morales), (Luis Fernando) Camacho y (Carlos) Mesa”, dijo Montenegro.

Arce

El ministro dijo que esa “megacoalición opositora”, conformada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) evista y las alianzas opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC), ejecutó un atentado a la economía nacional, popular y regional.

La madrugada del martes, 92 legisladores votaron por el rechazo al Proyecto de Ley 464/2022-2023 de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2023, frente a los 62 que optaron por su aprobación.

La decisión de la mayoría impide que las entidades del sector público accedan a un presupuesto agregado de Bs 6.455.173.440 y un consolidado de Bs 5.421.775.252. De ese monto se debe destinar Bs 868 millones a los gobiernos municipales; Bs 353 millones a las universidades públicas y Bs 39 millones a las gobernaciones.

(Fuente: La Razón)