Eduardo Rodríguez Veltzé: “Permanece abierto el desafío de un nuevo momento constituyente”

El exmandatario plantea varias reflexiones en esta entrevista y centra su análisis el Órgano Judicial, donde existen varios temas pendientes que resolver. Eso sí, asegura que los cuatro órganos del poder público están en crisis.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé asumió la presidencia en junio de 2005 en un momento complejo para el país. Hasta entonces estaba a cargo de la Corte Suprema de Justicia que fue hasta 2009 la cabeza del Poder Judicial. Rodríguez Veltzé (2005-2006) destaca los avances logrados en democracia, pero llama la atención sobre la necesidad de un desarrollo institucional que se base en el servicio al ciudadano.

En esta entrevista con EL DEBER, el exmandatario hace referencia a las competencias que tiene el Tribunal Constitucional, la institución que aún debe evaluar la continuidad del proceso de selección y elección de los magistrados de las altas cortes del país. La elección judicial está congelada, precisamente, en los estrados judiciales y el verificativo ya quedó postergado para 2024.

— ¿Cómo están las instituciones al cumplirse 41 años de vida democrática?

Los cuatro órganos de poder público y las principales instituciones que conforman el Estado se encuentran en crisis, una crisis que se arrastra desde tiempos remotos y que la Constitución aprobada en 2009 no pudo resolverla del todo, en algunos casos contribuyó a agudizarla.

En 2019 alcanzó mayor visibilidad cuando se produjo una ruptura transversal del orden democrático y que se agrava con la pandemia y las crisis económica y ambiental. Las elecciones de 2020 restablecieron la continuidad democrática, pero, pese a la visibilidad y urgencia de acuerdos para aprobar reformas institucionales de orden estructural, los actores políticos mantienen sus diferencias, incluso al seno de sus propias filas.

A cuatro décadas de vida democrática se pueden destacar avances tangibles como la reducción significativa de la pobreza, la inclusión social, las prácticas electorales periódicas y otras más que podrían tener mayor impacto en el desarrollo si se prestara mayor atención a las instituciones públicas, a su legitimidad esencial, que deriva de la calidad de su servicio al ciudadano, con mayor aproximación, imparcialidad y reflexividad, antes que a los intereses partidarios o personales.

A catorce años de la vigencia de la nueva Constitución permanece abierto el desafío de abrir un nuevo “momento constituyente” que permita a los ciudadanos, únicos titulares de la soberanía, a reflexionar, debatir, impulsar y conducir reformas institucionales sobre las experiencias de su desempeño y los grandes desafíos pendientes.

—¿Qué papel está jugando la justicia en el escenario político?

La administración de justicia es una atribución delegada a un órgano que debe actuar con imparcialidad, independencia y probidad. Lamentablemente, no todos los que designan autoridades ni los que resultan elegidos o designados honran estos principios. Tampoco el Estado, desde su creación ha tenido la voluntad para tratar al sistema judicial con la importancia que merece. Esto se refleja en la ausencia de legislación armónica y actualizada; en políticas públicas (como la criminal); en dotación de presupuesto suficiente o en el cumplimiento de la preselección oportuna de candidatos generando crisis institucionales y políticas.

La Constitución de 2009 tampoco pudo resolver este escenario al introducir reformas contradictorias a los principios que sustentan el nuevo modelo de Estado con una estructura orgánica más centralista, positivista y una modalidad poco práctica para la elección de autoridades de los Tribunales superiores.

En este escenario, el sistema judicial, incluido el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público se han convertido en un instrumento vulnerable a presiones políticas que desfiguran el papel de la justicia. Por ejemplo, el sistema de justicia penal puede acoger causas políticamente motivadas o sin suficiente mérito sin reparar que se hacinan los recintos penitenciarios con cerca al 70% de detenidos preventivos.

Tampoco el Tribunal Constitucional Plurinacional,  y sus “salas” departamentales, de dudosa legalidad, precautelan la vigencia y respeto de normas relativas al correcto ejercicio de la competencia y jurisdicción penal, los juicios en ausencia o la excepcionalidad de la detención preventiva, entre muchos otros asuntos,  pero sí revela celeridad en asuntos de interés político partidario como aquellos referidos a la re elección, la autoproclamación, suspensión de interpelaciones o actuaciones partidarias.

— La justicia emitió fallos sobre la elección judicial y sobre la vida orgánica de un partido. ¿Esto es coherente con el servicio que debe brindar en favor de los ciudadanos?

El sistema de control judicial de la constitucionalidad a cargo del Tribunal Constitucional, y debatiblemente extendido a “salas” departamentales, atendió y sigue atendiendo recursos sobre el proceso legislativo de preselección de candidatos a los tribunales nacionales. Lo hace durante los últimos meses previos al término de su propio mandato de seis años y sin la celeridad necesaria ocasionando demoras en el cumplimiento de una atribución y deber constitucional que supera plazos legales, pero sobre todo afecta al servicio que deben brindar dichos tribunales al ciudadano.

Esta actuación se torna en ilegítima, cuando no en ilegal en tanto los magistrados, al tener un interés propio en el término o extensión de su mandato, develan un conflicto de intereses prohibido por la Constitución. Una de las falencias del diseño del Tribunal Constitucional Plurinacional, es la ausencia de auto restricción de su propia competencia, lo que le permite, sin la reflexión necesaria, ingresar en competencias ajenas como aquellas propias de otros órganos de poder como el Tribunal Supremo Electoral, la Asamblea Legislativa o el poder constituyente ciudadano.

— ¿Cuáles deberían ser los grandes temas que deben debatir los políticos para fortalecer la justicia y las instituciones democráticas?

Ninguna reforma, particularmente la del sistema judicial podrá avanzar si quienes tienen la obligación de debatirla y aprobarla, comienzan por romper mitos, prejuicios o prácticas (cultura jurídica-política) que han convertido las instituciones en espacios de poder o reparto de empleos, muchas veces bajo el sólo argumento de una victoria electoral.

Es imprescindible un sinceramiento plural y de consenso para convertir la justicia en un servicio imparcial y accesible que responda a políticas públicas bien elaboradas en función de un diagnóstico comprensivo y actualizado que oriente e informe los cursos de acción a seguir.

La reforma institucional es una decisión política que requiere consensos y voluntad política, sin ello, como ocurre en esta gestión gubernamental, no comienza.

Entre las más importantes: la noción de que la desatención a la crisis judicial importa  desatención  a la obligación de respeto por los Derechos Humanos;  también es necesario un cuerpo normativo armónico y actualizado elaborado por comisiones legislativas plurales; una política criminal  para diseñar y sostener un sistema penal racional y justo; una renovada justicia ordinaria, (la más  utilizada del sistema), que responda a criterios de descentralización, agilidad e imparcialidad; desarrollo de justicia administrativa  con un diseño orgánico que permita al ciudadano impugnar los actos y contratos  administrativos y  los conflictos entre entidades públicas; armonizar la práctica del principio del Pluralismo Jurídico; ajustar el diseño y los alcances del control judicial de la constitucionalidad en relación con las competencias de otros órganos y la facultad constituyente del pueblo; ajustar el diseño orgánico del órgano judicial con órganos, competencias, y estructuras racionales para favorecer la función jurisdiccional; examinar la conveniencia de las modalidades de elección y designación de autoridades judiciales privilegiando la transparencia, meritocracia y sistema de carrera con evaluaciones permanentes y periódicas del desempeño; examinar la conveniencia de sostener el Registro de Derechos Reales como un proveedor de “recursos propios” pero sin la debida eficacia y agilidad de servicios;  definir una política de asignación presupuestaria;  revisar la calidad de la enseñanza del derecho y su servicio a la comunidad; fortalecer la promoción de paz, justicia restaurativa y transicional para aproximar soluciones a conflictos intratables que  afectan la convivencia ciudadana.

Pueden ser muchos más, en todo caso se trata de un desafío todavía postergado y que la clase política debe asumir con mayor responsabilidad, aproximándose más a la ciudadanía.

(Fuente: El Deber)