El expresidente Gonzalo Sanchez de lozada, cuando firmaba uno de los petrocontratos.“La representación de la PGE recientemente se apersona en la presente causa y entendemos que se trata de un proceso complejo del cual deben conocer todas las pruebas y documentación. En virtud a ello, (se dio) lugar a la presente solicitud en el entendido que la igualdad de las partes es una vertiente del debido proceso que a su vez constituye un principio constitucional que debe ser de aplicación del presente tribunal”, afirmó Olvis Egüez, presidente del Tribunal en el caso Petrocontratos.
La audiencia se instaló en presencia de los nueve magistrados que conforman el TSJ, el Ministerio Público, la representación de YPFB, la representación de la PGE, la representación del Ministerio de Hidrocarburos, Viceministerio de Transparencia y la defensa de los acusados en este caso, ejercida por Defensa Pública, quienes no objetaron la solicitud presentada por la PGE.
El expresidente y los demás acusados están en la mira por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Esto en la firma de contratos con 21 empresas transnacionales para tareas de verificación y explotación de reservas hidrocarburíferas. Los documentos se suscribieron sin tener autorización del Legislativo.
Esta situación, según la acusación presentada por el Ministerio Público, habría favorecido los intereses de esas empresas en detrimento del interés del Estado.
La denuncia sobre el caso fue presentada por Evo Morales en 2005, en su condición de diputado. La Fiscalía admitió la demanda el 14 de abril de ese año.
Sánchez de Lozada huyó el país en octubre de 2003, tras la muerte de más de 60 personas en la denominada “guerra del gas”. Estableció su residencia en Estados Unidos.
