“Hemos pedido seguridad jurídica, pero nos encontramos con un artículo que, en lugar de promover el desarrollo, genera incertidumbre y desalienta las inversiones», sostuvo Camacho.
El presidente de la Cámara Nacional de Industria (CNI), Pablo Camacho, expresó su profunda preocupación ante la disposición incluida en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 que permite el decomiso de bienes, una medida que, según él, podría dar lugar a extorsión por parte de funcionarios.
“La región de Latinoamérica está adoptando normas para atraer inversiones nacionales y extranjeras. No entiendo por qué el ministro del área propone esta modificación arbitraria que, lejos de fomentar la confianza, podría convertirse en una herramienta coercitiva y generar prácticas de extorsión”, señaló Camacho en el primer programa de La Hora Pico que se transmite desde las 17:00 hasta las 19:00 en Radio Oriental.
Camacho hizo un llamado al Gobierno para reconsiderar esta propuesta, resaltando que cuenta con el respaldo de las nueve cámaras industriales de Bolivia. “Hemos pedido seguridad jurídica, pero nos encontramos con un artículo que, en lugar de promover el desarrollo, genera incertidumbre y desalienta las inversiones. Si no se corrige, esta medida podría derivar en el cierre de industrias, aumento del desempleo y prácticas indebidas”, advirtió.
El PGE 2025 contempla que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
