“(…) naturalizar que autoridades interinas estén permanentemente desarrollando sus actividades en forma indefinida no puede ser en un Estado de derecho, es importante que las autoridades den señales claras a la población”, afirmó Callisaya.
La autoridad Defensorial rememoró que desde la anterior gestión, el proceso eleccionario judicial ha ido atravesando una serie de obstáculos que han provocado inicialmente, una suspensión, y que, ahora, con la emisión de resoluciones constitucionales en Beni y Pando, se ponga en vilo las elecciones judiciales.
“Definitivamente, esta es una situación muy peligrosa, hay una prolongación indefinida de las funciones de las autoridades judiciales que no solamente limita el derecho político de la población a elegir a sus autoridades judiciales, sino que profundiza la fragilidad institucional democrática que está viviendo nuestro país y orilla a nuestra población, a nuestro Estado a salidas que no necesariamente son democráticas”, advirtió.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de un pronunciamiento en septiembre del año pasado, así como el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas y el Informe Cohesión Social, expresaron su “profunda preocupación por la no realización de las elecciones judiciales”, recordó Callisaya.
Finalmente, el Defensor del Pueblo exhortó al Estado y a las autoridades competentes a “dar una señal correcta a la población en sentido de que estas elecciones son posibles, de que un sistema democrático es posible y viable para la solución de cualquier conflictividad que se pueda presentar en nuestro país”.
UCOM / DPB
