“Se resuelve conceder la tutela solicitada por el hoy accionante y en consecuencia dispone, primero, inaplicar el artículo 37, número 2 de la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, la ley 1549 del 6 de febrero de 2024, por ser manifiestamente contrario a los fines, valores y principios establecidos en la Constitución Política del Estado”, señala la parte resolutiva.
Este artículo señalaba una excepción para incluir a candidatos que no obtengan la nota mínima de 130 puntos en la evaluación realizada por la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, habilitando a la mujer o representante de un pueblo indígena que tenga la mejor calificación.
En este contexto, el fallo señala que “se debe establecer la declaratoria de desierta de las convocatorias a magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional ante incumplimiento de las exigencias constitucionales de género y representación plural, así como el de representación departamental y el número mínimo de candidatos para dichos tribunales”.
El fallo no menciona que sucederá en el caso del Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, cuyos magistrados también deben ser electos por voto universal en diciembre.
Mejía además explicó que el fallo será remitido de forma inmediata al Tribunal Constitucional Plurinacional para su revisión y mientras no se pronuncie la Asamblea Legislativa Plurinacional no podrá asumir ningún tipo de acción.
Este es el segundo fallo contra las elecciones judiciales en un solo día. Más temprano, un Tribunal de Garantías de Pando concedió una acción de amparo a favor de la candidata María Esther Caero, que también observó su inhabilitación y la inclusión de otros candidatos que obtuvieron menos puntaje o no cumplían los requisitos exigidos por ley.
Al igual que en el fallo del Tribunal beniano, en el caso de Pando se observó también la aplicación del numeral 2 del artículo 37 de la ley de elecciones judiciales.
El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, lamentó la decisión de ambos tribunales, el de Beni y Pando, calificó como un “golpe a la democracia” que se paralice un proceso electoral en curso y dijo que se interpondrán todos los recursos legales para que la organización de los comicios continúe.
