Deudores de banco protestan; exigen decreto que detenga los juicios de remate de viviendas

Deudores de créditos bancarios realizaron la mañana de este miércoles una marcha desde la Ceja de El Alto hasta puertas del Ministerio de Economía, donde realizaron un mitin en demanda de un decreto que paralice los procesos de remate de viviendas entre otras demandas.

“Van a quedarse aquí en el centro paceño hasta que el Gobierno emita un decreto que paralice la persecución de todos los juicios que están haciendo rematar a la gente su casa”, indicó el abogado de la Asociación de Víctimas de la Usura de la Banca, Javier Soliz.

Además, buscan negociar los intereses de los créditos, piden que en los casos que sean competentes los mismos se exoneren.

“Hay gente que ha muerto, ha quedado con discapacidad o están en la tercera edad y tienen más de 70 años y ya no trabajan”, añadió el abogado.

Familias de distintos departamentos llegaron a la ciudad de La Paz para pedir al Ministerio de Economía detener el remate de sus viviendas.

La representante de los deudores de Chuquisaca Carmen Calderón indicó que, desde la pandemia, se les ha realizado nuevos contratos, pero con “doble o triple interés”.

“Si pago Bs 3.500, estoy amortizando solamente Bs 500 al capital y Bs 3.000 al interés, entonces basta de que nos roben los señores bancarios”, dijo Calderón en entrevista con Brújula Digital.

Horas más antes el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que el Gobierno aprobó un decreto supremo que dispone que las entidades financieras evalúen la refinanciación y reprogramación de créditos bancarios en favor de los prestatarios, cuyos ingresos fueron afectados por factores ajenos a su actividad.

Explicó que los prestatarios podrán, de manera voluntaria, solicitar o no la refinanciación o reprogramación de sus créditos, si es que su actividad económica fue perjudicada, por ejemplo, por temas climatológicos o sociales.

Ayer desde la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) se informó que las personas afectadas por bloqueos, especulación de precios, incendios forestales y otros eventos adversos pueden acceder a la reprogramación de sus deudas; y, además, previo acuerdo entre parte se amplió hasta 240 días el plazo que tienen las entidades financieras antes de iniciar procesos penales por el impago de la deuda.

Según indicaron las personas movilizadas, no se moverán del lugar hasta que no sean atendidos por el Gobierno.

Brújula Digital