Postulantes a magistrados advierten falta de transparencia y seriedad en proceso de preselección

Falta de transparencia, seriedad, improvisación y la falta de criterios en la evaluación, son algunas de las observaciones que realizaron los postulantes a magistrados del Órgano Judicial al proceso de preselección, quienes además consideraron que los legisladores no están capacitados para continuar con esa tarea.

“Por las prácticas legislativas, el proceso de preselección ha estado bastante viciado y los asambleístas que están a cargo de las comisiones han aportado en esa situación caótica del tema judicial y de la preselección. A eso se suma las autoridades judiciales que están incursionando en la labor legislativa con las resoluciones judiciales, se ha denunciado que hay otro tipo de intromisión política”, afirmó a la ANF el abogado José Luis Zelada, quién retiró su postulación.

El proceso de preselección lleva más de 80 días paralizado debido a los recursos constitucionales que presentaron los candidatos que fueron inhabilitados. En la sesión de la Asamblea Legislativa del 6 de junio se decidió retomar ese trabajo, los legisladores debieron retomar su trabajo un día después, pero no lo hicieron y los plazos vencieron.

La abogada, María Cecilia Rocabado, postulante para el TCP, también retiró su postulación e indicó que el motivo es la desconfianza que genera ese proceso, además dijo que la dilación y suspensión ha dañado su legitimidad.

“He presentado mi postulación para ser candidata a magistrada al Tribunal Constitucional Plurinacional con la convicción de coadyuvar a la construcción de la justicia independiente, transparente e inclusiva, habiendo obtenido el segundo lugar en la calificación total de méritos y primero entre las candidatas mujeres de La Paz; empero, la dilación y la suspensión del proceso ha ido dañando su legitimidad”, explicó en la carta que remitió a la comisión.

Incapacidad

En ese contexto, el postulante al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Charles Mejía, cuestionó el trabajo que están realizando los legisladores que integran las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa. Advirtió que el proceso está viciado de nulidad y que existe un manoseo político.

“Es una atrocidad la forma en que han calificado los requisitos específicos, los habilitantes inclusive los méritos para algunos candidatos si y para otros no. Ahí viene la incertidumbre que dan los propios parlamentarios con un manoseo político a este proceso que debería estar exento de todo manoseo por parte de los parlamentarios, que son responsables de que el proceso se haya truncado desde un inicio”, manifestó.

El lunes estaba previsto que las comisiones reanuden el trabajo de preselección con la evaluación oral, incluso el fin de semana se publicó el cronograma de asistencia. Sin embargo, Mejía presentó un recurso de queja ante el TCP,  porque la comisión mixta de Constitución no cumplió con el fallo de un amparo constitucional que el candidato ganó anteriormente, por lo que el proceso se volvió a suspender.

Zelada coincidió con ese punto de vista y señaló que los legisladores realizaron un trabajo improvisado al momento de revisar los requisitos habilitantes, incluso en la calificación de los méritos, lamentó que no hayan contado con un mecanismo o un parámetro de evaluación.

“Por lo que se ha visto hasta ahora, lamentablemente los legisladores no están preparados para asumir una evaluación seria, no es porque no tengan las capacidades personales, más bien ha primado la improvisación desde el primer día de la evaluación. Se ha visto que cada uno tenía un criterio distinto para evaluar, no revisaron la documentación de forma adecuada”, puntualizó.

Desinstitucionalización

Por otra parte, Zelada advirtió que la institucionalidad de la Asamblea Legislativa y del Órgano Judicial está dañada debido al mal trabajo de los parlamentarios y las resoluciones que emiten los jueces, que paralizan la primera etapa de la elección de las altas autoridades judiciales.

“Lo que me preocupa es que la institucionalidad está decayendo, sobre todo la institucionalidad legislativa y judicial está sufriendo muchas alteraciones desde afuera y desde adentro. A eso, los jueces aportan con la desinstitucionalización y también la población, en vez de coadyuvar, están debilitando la estructura de un país”, puntualizó.