Viceministra Alcón señaló que con la vigencia del Decreto 4732 se logró un resarcimiento de más de Bs 900 mil hasta la fecha y que es una norma que data del 2022.
Choferes del transporte pesado bloquean en la carretera La Paz-Oruro. / Foto: Mauricio Díaz, La Razón
Las movilizaciones que se registran en diferentes lugares del país, ya sea por la falta de abastecimiento de combustibles a los transportistas, o la escasez del dólar, en el caso de los importadores o gremiales, fueron atribuidas por el Gobierno a la especulación y politización, principalmente de parte del ala radical del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Todo bloqueo siempre genera perjuicios, pero vemos un doble discurso de parte de Evo Morales, quien primero dice que le preocupa la economía, pero luego ordena bloquear los créditos, ordena bloquear el país (…). ¿Qué les decimos?, que si estamos pensando en el país, en la gente, en los municipios y dejar de lado las candidaturas, que ese era uno de los puntos que está primando todos estos movimientos y pensar en la gente”, señaló la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.
Por ejemplo, en el caso del abastecimiento de combustible en el país, dijo que ven “politización y desinformación”, porque se tiene discursos de parte de algunos políticos, al señalar que el país está en crisis y que se necesitan algunas acciones.
Al respecto señaló que desde el Poder Ejecutivo se preocupan en estos temas y una clara muestra es que en el caso del dólar, se realizan varias acciones como el acuerdo con el sector empresarial; está la emisión de bonos en dólares desde el Banco Central de Bolivia, también como acción está la sanción a las financieras, a través de la ASFI, que realizaron cobros excesivos en transacciones con la divisa norteamericana.
Sobre el combustible, especificó que con la especulación que hay se generó que se tenga una sobredemanda de 10 millones de litros en estos días, ya que por día se entregan 7 millones de litros de gasolina y otros 7 millones de diésel. De forma paralela, se sostienen reuniones con los diferentes sectores movilizados.
En el caso de las diferentes normativas cuestionadas, indicó que ven que existe una desinformación, como sucede con el Decreto Supremo 4732, que tiene como vigencia más de dos años y que para nada se pretende «quitar la viviendas ni expropiarlas», sino que se habla de una norma que que está vigente desde el 2022, por la cual incluso ya se tiene un resarcimiento de más de 900 mil bolivianos hasta la fecha.
“La norma protege a los bolivianos, que tiene que ver con contratos que tienen cláusulas abusivas. En el lapso de vigencia no se ha visto ninguna observación, ya que fue socializada con la Cainco, con la Cámara de Construcción y otros sectores, por tanto, vemos politización en las movilizaciones”, insistió Alcón.
(Fuente: eju.tv)
