Asociación Nacional de Periodistas ratifica el derecho a la libre expresión y sale en defensa del Ing. Villegas

El ingeniero Edgar Villegas. Foto: APG

Junto a las nueve asociaciones departamentales de periodistas, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) reafirmó este martes su compromiso «inquebrantable» con la defensa de la libertad de expresión y de prensa. Además, protestó «enérgicamente» contra la Fiscalía por la imputación formal que realizó al ingeniero Edgar Villegas por una presunta instigación pública a delinquir.

“Consideramos que dicha imputación, motivada en razones políticas, constituye una grave amenaza contra el derecho a expresar y difundir ideas e información, limita el derecho de acceso a la información del conjunto de la población y conlleva el peligro de inhibir su ejercicio pleno y sin restricciones por miedo a ser injustamente juzgado”, se lee en un comunicado de la ANPB.

La imputación de Villegas, según el comunicado, no tomó en cuenta el informe de auditoría solicitado por Evo Morales y elaborado por 36 expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) que concluyó que entonces hubo “manipulación dolosa” en las elecciones del 20 de octubre de 2019.

Además, se recuerda que el derecho a la libertad de expresión está consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y protegido por la Constitución Política del Estado y tratados internacionales ratificados por Bolivia.

La ANPB advierte que cualquier intento de judicializar el derecho a la libertad de expresión constituye un atentado contra la libertad de prensa, afectando así el derecho de hacer públicas ideas, opiniones o información a través de cualquier medio de comunicación.

El comunicado destaca que, al dar a conocer sus investigaciones sobre presuntas irregularidades en las Elecciones Generales de 2019, el ingeniero Villegas no solo ejerció su derecho a la libertad de expresión, sino que también contribuyó al fortalecimiento de la democracia al permitir un mayor acceso y comprensión de la información por parte de la ciudadanía.

Finalmente, la ANPB demanda que el proceso legal se lleve a cabo respetando plenamente los derechos a la información y la libertad de expresión, para evitar así un peligroso precedente que limite el escrutinio de la gestión pública por parte de la ciudadanía.

(Fuente: Brújula Digital)