Quiborax, la empresa que logró pagos irregulares del Estado boliviano, ahora es acusada en Chile

Foto: Mongabay

La empresa minera Quiborax, que en 2018 logró un polémico pago de 42,6 millones de dólares del Estado boliviano y que la oposición al MAS denunció como ilegal, ahora está acusada en Chile por no cumplir normas medioambientales.

Una investigación del centro CIPER y de Mongabay, que tuvo acceso a decenas de correos electrónicos de ejecutivos de la empresa, revela que la compañía, con la ayuda de exautoridades medioambientales de Arica, logró flexibilizar restricciones legales para lograr extraer ulexita en áreas protegidas donde tenía prohibido acceder. Con ese mineral, Quiborax produce el ácido bórico que exporta a más de 50 países para ser utilizado como fertilizante.

Ahora la empresa está bajo investigación de las autoridades chilenas y es pasible a sanciones, como multas y otras.

Según la investigación periodística, en 2019, Quiborax comenzó una ofensiva para intentar relajar los límites a su explotación en los sitios regulados por las normas chilenas. En 2019, Rafael Fernández, jefe de medio ambiente de Quiborax, envió un correo al gerente general de la empresa, Allan Fosk.

En el mensaje explicaba que debido a las restricciones del DS de 1989, “prácticamente no hay espacio para operar”. La empresa buscaba que los sitios de nidificación de los flamencos que no estuvieran siendo ocupados por las aves se denominaran “sitios potenciales de reproducción”, y que allí las restricciones se flexibilizaran, dice un reportaje publicado en el portal de Mongabay.

Esa es la más seria de las acusaciones contra Quiborax, pero existen otras muchas, como la ausencia de baños para los camioneros que transportan el mineral, lo que ha generado la presencia de cientos de botellas de plástico llenas de orina humana que están tiradas al borde del camino internacional que conecta Chile con Bolivia frente a la planta El Águila de Quiborax, una empresa chilena.

El reportaje señala que también hay papel higiénico usado, pañales y bolsas con restos de hoja de coca. El lugar concentra las paradas de descanso de los camioneros que transportan la ulexita que Quiborax extrae del Salar de Surire, a 4.200 metros sobre el nivel del mar en el altiplano de la región de Arica.

Mal recuerdo en Bolivia

En Bolivia Quiborax operó con mayoría de capitales bolivianos, pero aún así logró, con posible connivencia del Estado, pasar como empresa chilena y lograr un pago exorbitante de 42,6 millones de dólares debido a que su contrato fue anulado por incumplimiento de normas medioambientales, como ocurre ahora en Chile.

En 2004 el expresidente Carlos Mesa expulsó del país a un consorcio en el que participaba Quiborax junto a Non Metallic Minerales. La empresa adujo entonces que el contrato había sido anulado ilegalmente y decidió recurrir al tribunal internacional del CIADI para demandar una indemnización. Pero para poder hacerlo tenía que figurar como si fuera una compañía chilena, y por eso el empresario boliviano y entonces dueño mayoritario, David Moscoso, presentó un documento falsificado con el objetivo de hacer creer que el empresario chileno Allan Fosk tenía la mayoría de las acciones en las operaciones en Bolivia.

La Fiscalía detectó el hecho y acusó a Moscoso, que en 2009 admitió haber cometido ese delito y recibió una pena de cárcel. Eso era suficiente para que el proceso se extinguiera en el CIADI ya que allí sólo podía acudir Quiborax si podía comprobar que era una empresa chilena. Desde el momento en que Moscoso admitió su delito y se demostró así que el consorcio de Quiborax era de mayoría accionaria boliviana, el proceso internacional no debió continuar.

En ese marco, es sospechoso que en 2016 el Estado boliviano decidiera desistir en su pedido de anular un primer fallo logrado por Quiborax contra Bolivia. Durante los años del Gobierno de Evo Morales, hubo dos oportunidades en las que se pudo haber pagado cifras mucho más bajas: primero tres millones de dólares, y luego 27, pero el Estado siguió insistiendo en hacer un proceso, que estuvo a cargo del entonces procurador Héctor Arce Zaconeta, actual embajador ante la OEA. Finalmente se aceptó el acuerdo cuando éste llegó a un monto de 42,6 millones de dólares.

Pero las cosas no terminaron allí. El Deber reveló en 2018 que, para ese desistimiento, la entonces subprocuradora Carmina Llorenti le prestó a uno de los abogados de la parte chilena, Rodrigo Gil, la computadora de su oficina para que enviara unos documentos. El abogado ingresó a la computadora, se reenvió varios documentos, entre otros el texto del desistimiento que habían pactado y el que la Fiscalía tenía que enviar al CIADI, y después utilizó esa información contra Bolivia.

Cuando la empresa consiguió el oneroso acuerdo y el Estado boliviano pagó los 42,6 millones de dólares, los abogados de las dos partes se tomaron una foto. El abogado chileno era Andrés Jana, que era uno de los asesores de Chile en el proceso de su país contra Bolivia en La Haya.

(Fuente: Brújula Digital)