En Santa Cruz las plataformas protestan por demora en convocatoria.El mencionado proyecto de ley fue aprobado en agosto por el Senado para convocar a elecciones judiciales, pero a finales en diciembre el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con la Declaración 0049/2023, decidió anular algunos artículos y ampliar el mandato de los actuales magistrados porque no se había podido elegir por voto a sus reemplazantes.
Diálogo de bancadas
Asimismo, se determinó identificar a los responsables de la obstaculización de las elecciones judiciales, a fin de que cumplan sus deberes y funciones, porque “de lo contrario se iniciarán las acciones legales que correspondan”. Además, la reunión decidió exigir al presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, asumir un papel activo y responsable en las elecciones judiciales. El vicepresidente no apareció desde que decretó el receso parlamentario en contra de la decisión del Pleno.
Sesión suspendida
Después, un funcionario de la Cámara de Diputados devolvió formalmente el proyecto de ley al Senado, con la ayuda de un notario, porque –según afirmó– no querían recibirle los documentos.
Los diputados “evistas” criticaron a los “arcistas” y manifestaron que con este hecho se demuestra que no quieren elecciones judiciales. Argumentaron que sería un hecho el cambio de agenda para tratar el tema, pero Huaytari decidió suspender la sesión.
Posición del ala «arcista»
El “arcismo” justificó que se haya devuelto el proyecto de ley al Senado, bajo el argumento de que esa instancia debe adecuar el texto a la decisión del Tribunal Constitucional sobre el tema.
Recalcó que el Senado es el que debe corregir el proyecto de ley, de acuerdo con la Constitución y se comprometió que, si es así, de inmediato se trataría el tema en Diputados.
En caso de no avanzar el proyecto 144, Mercado advirtió que el “arcismo” presentó otro proyecto de ley que podría ser puesto a consideración en Diputados.
Explicó que existe un plan “b”, en el caso de que esa propuesta no funcione. Mercado indicó que, el pasado 10 de enero, presentaron un proyecto de ley, el 264, que describió:
“Es una alternativa que tenemos para viabilizar las elecciones judiciales, en caso de que Senadores no quieran corregir los errores en los cuales incurrieron, por hacer las cosas desesperadamente y, aparentemente, para cumplir un acuerdo vergonzoso, que firmaron con la derecha más radical, para llegar a la directiva camaral el 6 de noviembre (de 2023)”.
No renunciarán
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, descartó el miércoles una eventual renuncia de los magistrados del Órgano Judicial, subrayando que la continuidad de funciones es “absolutamente legal y constitucional” y que lo contrario rompería la institucionalidad.
Iglesia ve “ilegal” la prórroga de los magistrados
El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y arzobispo de Sucre, monseñor Ricardo Centellas, calificó de “ilegal, ilegítima y totalmente innecesaria” la ampliación del mandato de los magistrados.
“Es ilegal, ilegítima y una cosa totalmente innecesaria; yo creo que nos hacemos conflictos sin ninguna razón y esto obviamente tiene consecuencias políticas, tiene consecuencias sociales y se hace sufrir mucho a la gente; yo creo que este tipo de expresiones y cosas que pasan en el país, ojalá que nunca más ocurran”, dijo Centellas a Unitel.
Sin embargo, también fue enfático en señalar que “los bloqueos no son la solución a ningún problema”, después de que los sectores sociales afines al expresidente Evo Morales anunciaran que bloquearán carreteras desde el próximo lunes en demanda de la renuncia de los magistrados prorrogados y la inmediata convocatoria a nuevas elecciones judiciales.
Centellas, además, consideró que la solución de este problema pasa por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que debería convocar a elecciones judiciales “lo más antes posible”.
Santa Cruz: Marcha de plataformas pide convocar a “cabildo judicial” para asumir acciones de hecho
Un grupo de ciudadanos “autoconvocados” y representantes de varios sectores sociales de Santa Cruz protagonizaron ayer una marcha de protesta en contra de la extensión del mandato de las principales autoridades judiciales del país.
La movilización que comenzó en la avenida Busch y terminó en el Palacio de Justicia, emitió un manifiesto con 10 puntos. Entre las principales conclusiones, se encuentra el pedido al Comité Cívico pro Santa Cruz para que convoque a un cabildo donde se tome determinaciones sobre el fallo constitucional que amplía el mandato de los judiciales.
“Rechazamos con firmeza el ataque a la democracia, orquestado por los cuatro poderes del Estado, que en un acto de traición toman medidas inconstitucionales para consolidar el golpe de Estado progresivo”, señala el primer punto del documento.
En la segunda conclusión, los participantes de la movilización convocaron a “tomar las calles, que Santa Cruz siga siendo nuestro bastión de resistencia para revindicar nuestra libertad y democracia”.
“Tercera (conclusión), denunciamos abiertamente que el golpe de Estado se origina en las luchas sectarias dentro de la mafia masista, cuya sigla debería estar proscrita. No debería existir”, indica.
En el cuarto punto, se rechaza la “autoprórroga de magistrados” y el quinto “conminamos a los comités cívicos que, junto a las fuerzas vivas de Bolivia, en cumplimento de los artículos 7 y 11 de la CPE convoquen, sin demora alguna al Cabildo Abierto Judicial.
En la siguiente conclusión, se explicó que “el objetivo de los cabildos abiertos judiciales es la elaboración de ternas profesionales para los altos cargos del Órgano Legislativo, Judicial y Electoral para ser remitidas al Parlamento, ya que no cumplieron constitucionalmente con el proceso de selección”.
En la séptima determinación, convocan a la unidad y dejando de lado intereses personales y sectoriales.
En el octavo punto pidieron la libertad de la expresidenta Jeanine Áñez, del gobernador Luis Fernando Camacho y del exlíder potosino Marco Pumari y otros denominados presos políticos.
El noveno punto señala que “no permitiremos que se afecte la realización de elecciones y del Censo de Población y Vivienda en clara afrenta a los 36 días de movilización del pueblo cruceño”.
Finalmente, la movilización, en su décimo punto, señaló: “Nos negamos a que la conmemoración del Bicentenario de la República de Bolivia, sea encabezada por esta dictadura, que es contraria al legado de quienes declararon nuestra independencia en 1825″.
(Fuente: Correo del Sur)
