“Se tiene proyectado, una estimación, de ahorrar Bs 1.000 millones. El 2022 teníamos un 74% de la ejecución presupuestaria en estos ítems, para el 2023 bajó a un 68%; entonces vemos que cada gestión va disminuyendo el uso de estos recursos en gastos corrientes. Tenemos proyecciones estimadas en ahorro si las entidades tienen el comportamiento que han tenido hasta la fecha”, dijo la autoridad.

El martes, mediante un comunicado, Economía instruyó a las entidades del sector público aplicar una política de austeridad y racionalizar y/o reducir sus gastos en viáticos, pasajes, celulares y publicidad, entre otros.

Austeridad

Asimismo, aclaró que cada entidad tiene la facultad de definir en qué ítem de los nombrados en el comunicado, puede racionalizar más los gastos.

“Desde 2021 ya hemos tenido resultados, desde el presupuesto que tenían vigente al ejecutado de las entidades en los ítems específicos que se mencionan en el comunicado. Cada entidad decide en qué ítems puede cortar porque no queremos afectar su funcionamiento”.

“El comunicado emitido el martes está basado en una normativa vigente que está en aplicación. Por ejemplo, en enero del 2023 hemos emitido una norma que indica que cuando las entidades tienen activos que dan de baja pueden entregarlos a otras entidades de manera gratuita para que las puedan utilizar en salud. Hay varias medidas que hemos implementado en la gestión pública para la racionalización de los recursos económicos”, dijo, en radio Fides.

Funcionarios públicos

Añadió que se dio énfasis en el ahorro de impresiones, publicidad, reuniones, pasajes, viáticos, porque actualmente la tecnología facilita la comunicación y la difusión.

“Se irá viendo otras políticas que se puedan implementar; sin embargo, en el tema de personal, el 69% aproximadamente está dedicado a lo que es salud y educación y eso más bien queremos fortalecer. En el tema de las entidades del nivel central para la administración del aparato estatal, apenas llegamos a un 2% y hay que ver que se presta un servicio a la sociedad, que debe ser de calidad”.

La vigilancia para el cumplimiento de esta normativa está a cargo de la Contraloría General del Estado. Esto aplica en base al Decreto Supremo 27327, promulgado en 2004 por Carlos Mesa para implementar la austeridad en el aparato estatal.

(Fuente: La Razón)