La gestión de los magistrados y jueces del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura fenecía el 31 de diciembre del 2023; sin embargo, ante la imposibilidad de la Asamblea Legislativa de llevar adelante el proceso de las Elecciones Judiciales el propio TCP dispuso la prórroga de las altas autoridades judiciales hasta que se desarrollen los comicios
Frente a esta situación, ayer el Conade llamó a sumir “acciones pacíficas de desobediencia civil” en contra de las autoridades.
Además, el organismo también llamó a denunciar a nivel internacional al Ejecutivo.
En respuesta, el viceministro de de Defensa del Consumidor – parte del Ministerio de Justicia-, Jorge Silva, advirtió que la desobediencia civil es un delito por el que se puede abrir distintas causas.
La prórroga de magistrados género, incluso, el rechazo de opositores y el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes anunciaron hasta procesos contra las autoridades judiciales al considerar que se favorecieron a sí mismas al extender su mandato más allá de los seis años que les correspondía.
“No debería haber ningún temor a una advertencia, amenaza de un proceso cuando uno ha actuado en el marco de la Constitución y las leyes”, agregó.
Renuncias
Inicialmente, el magistrado Calderón defendía la prórroga, pero se sintió incómodo con las reacciones que surgieron en el país.
Según el ahora exmagistrado, la reacción de diversos actores ante la prórroga ha conllevado a una incertidumbre en la población litigante, pero además en el plano personal le ha traído incomodidad y malestar.
Los magistrados han sido el blanco de las críticas de parte de opositores, el ala evista y personalidades, quienes rechazaron que las propias autoridades judiciales hayan emitido una decisión para beneficiarse a sí mismas con la autoprórroga.
Sus detractores acusan a los magistrados de haber actuado en coordinación con el Gobierno y el ala arcista para beneficiarse mutuamente dilatando la realización de elecciones judiciales a cambio de sentencias favorables al oficialismo.
(Fuente: Opinión)
