“Declaración Constitucional 049/23 que atiende consulta s. PL 144/22-23 sobre elecciones judiciales resulta ilegítima e inconstitucional. TCP no veló por la supremacía de la Constitución en control de constitucionalidad al demorar injustificadamente la atención de recursos y consultas que suspendieron el oportuno ejercicio de la función legislativa. No aseguró vigencia de Derechos y Garantías Fundamentales al coartar el derecho ciudadano de conformar el órgano judicial y al restringir la obligación del Estado de asegurar una justicia imparcial para ejercicio de derechos y libertades” (sic).

Y añade que el “TCP excedió su competencia al ‘disponer’ prórroga de su propio mandato, expresamente limitado por la Constitución que sanciona con nulidad actos de quienes usurpan funciones fuera de la ley. Tampoco repararon en advertir que sus intereses entraron en conflicto, prohibición prevista por la CPE. Sombrío precedente, desconoce al constituyente y debilita la democracia” (sic).

Otro expresidente que emitió su rechazo mediante las redes sociales fue el jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales. “La prórroga de mandatos de máximas autoridades judiciales y del TCP mediante una sentencia constitucional es un atentado a la democracia y al voto del pueblo” (sic).

Y no desaprovechó la oportunidad para culpar al Gobierno. “El pueblo juzgará y recordará en la historia que el verdadero responsable de esta desinstitucionalización del Estado es el Gobierno Nacional, que paralizó la convocatoria a elecciones judiciales, en la Cámara de Diputados, luego de que ésta fuera aprobada y enviada por el Senado Nacional, incumpliendo su mandato y las recomendaciones de organismos internacionales. Siendo susceptible de acciones judiciales y juicios de responsabilidades” (sic).

“Con esto el Gobierno Nacional pretende blindarse ante cualquier controversia constitucional que pueda existir en torno al CENSO 2024. Esto es una muestra del fracaso del Gobierno Nacional en la elección popular de estas autoridades y de una real transformación de la justicia con el objetivo de proscribir al MAS-IPSP y encubrir la corrupción”, culmina.

(Fuente: La Razón)