“Eso (las judiciales) tiene que avanzar. Tenemos que articular, interpretar para viabilizar este proceso de transición, porque si decimos que todo es inconstitucional, no es el caso, no (…). La autoprórroga, la prórroga, la definición de interinatos no está en la Constitución (Política del Estado), pero ¿lo vamos a dejar así? No, la gente quiere respuestas creativas”, dijo el legislador en entrevista con La Razón Radio.

El legislador se refirió así a las elecciones judiciales, que se encuentran en vilo por una serie de escollos que sufrió desde abril, cuando un recurso frenó el proceso de preselección de candidatos.

A pesar de que la Cámara de Senadores, en consenso con sus tres fuerzas políticas, aprobara la ley el 31 de agosto, las elecciones judiciales se encuentran en suspenso. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados decidió remitir el proyecto a consultas con tres ministerios del Órgano Ejecutivo. Además, de los tribunales Electoral, Supremo y Agroambiental, y el Consejo de la Magistratura.

Magistrados y consejeros

Sin embargo, el 20 de septiembre, el presidente del TSJ, Ricardo Torres, remitió la consulta al TCP, que, finalmente la admitió el 28 de septiembre.

Dicho proyecto prevé los comicios la primera quincena de enero de 2024, pero la gestión de los actuales magistrados termina el 2 de enero.

“Estamos a la espera de que lleguen estas consultas. Una vez que lleguen estas consultas, como los informes tendríamos que retomar (el debate por) este proyecto de ley”, señaló el senador oficialista.

Los actuales magistrados y consejeros fueron elegidos en 2017 y posesionados el 3 de enero de 2018; cumplido el periodo de su gestión, el 3 de enero de 2024 debieran asumir los cargos los electos en un nuevo proceso.

Por su parte, El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aseguró que requiere de al menos 90 días para organizar los comicios, a partir de la remisión de la lista de 96 habilitados a los altos cargos judiciales.

Subsanadas las observaciones y con una nueva convocatoria en curso, el 27 de abril, el diputado de Creemos Leonardo Ayala presentó una acción de inconstitucionalidad contra la convocatoria que frenó el proceso.

El 31 de julio, el TCP declaró inconstitucional el reglamento de convocatoria y el reglamento de la preselección de candidatos a las judiciales. Todo volvió a foja cero y los comicios quedaron en el limbo.

(Fuente: La Razón)