El proyecto de ley de Elecciones Judiciales no pasó de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Foto de Archivo ABI
Faltan 35 días para el cumplimiento de mandato de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Agroambiental, además de los consejeros de la Magistratura, y, entretanto, ninguno de los poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo ni Judicial, se pronunciaron sobre cómo se va a cubrir la ausencia de estas autoridades.
No lo hicieron pese a que saben que este año no habrá renovación de magistrados y consejeros en elecciones judiciales, la única vía que establece la Constitución Política del Estado (CPE).
El gobierno
El ministro de Justicia, Iván Lima, en una conferencia de prensa ofrecida en La Paz el pasado 13 de noviembre, exhortó al TCP a emitir una sentencia sobre la consulta previa de constitucionalidad del proyecto de ley de las elecciones judiciales enviado por el TSJ el 20 de septiembre y cuyo plazo fenecía el 23 de este mes.
En esa ocasión, la autoridad del Ejecutivo dijo: “Cualquier camino que optemos el 31 de diciembre tiene que ser en el marco de la Constitución y por eso estamos esperando la sentencia del TCP, que esperemos sea lo antes posible”.
El proyecto de Ley Nº 144, Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales, en uno de sus artículos proponía la suspensión de los plazos procesales en las instituciones judiciales a partir del 2 de enero hasta tener posesionadas a las nuevas autoridades electas, quedando a cargo, en ese tiempo de transición, personal subalterno. La constitucionalidad de este proyecto de ley fue elevada en consulta por el TSJ al TCP el 20 de septiembre.
Foro de abogados
El foro de abogados en Sucre sospecha que se maneja una vía alternativa y es que el Ejecutivo recurra a un decreto presidencial para ampliar el mandato de los actuales magistrados, de forma indefinida, hasta que se elija a sus sustitutos en elecciones, como corresponde según la CPE.
Una tercera opción sería el nombramiento de interinos, también por decreto, pero solo por tres meses. Esto, según fuentes de nuestro medio, es poco probable.
Garantía
Este lunes, la senadora chuquisaqueña Silvia Salame (CC) anunció a Correo del Sur Radio la presentación de un proyecto de “ley corta” para garantizar el funcionamiento de los tribunales departamentales de justicia, juzgados agroambientales y salas constitucionales, ante la ausencia de autoridades en los altos tribunales judiciales y la falta de elecciones de los nuevos magistrados mediante voto.
“Estoy presentando una ley corta para evitar un vacío jurídico; es decir, cómo van a seguir funcionando los tribunales departamentales, juzgados agroambientales y salas constitucionales, aunque no tengamos las altas autoridades. Es una ley importante para viabilizar que sigamos teniendo seguridad jurídica”, detalló.
Explicó que esa ley tendría un carácter temporal y que dejaría de existir una vez se posesionen las nuevas autoridades judiciales, luego de las elecciones.
Decreto
La senadora Silvia Salame recordó que el gobierno de Evo Morales dejó sin magistrados al TCP cuando asumió el poder en 2006 y posteriormente designó por decreto a autoridades interinas.
¿El TCP podría ampliar el mandato?
En medio de esta incertidumbre, el fin de semana circuló una información en redes sociales, de un colectivo denominado “Soberanía”, según la cual estaría en curso una sentencia del TCP para ampliar el plazo de funciones de los actuales magistrados utilizando una Acción de Cumplimiento presentada por Édgar Salazar, el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB) paralela a la de Amparo Carvajal, en relación con el nombramiento del Defensor del Pueblo.
Según el artículo publicado en las redes, ya habría un borrador de sentencia de la Sala Cuarta del TCP en el que supuestamente se dispone la prórroga de los actuales magistrados hasta que se elija a las nuevas autoridades.
“Las autoridades que habiendo fenecido su mandato y que por falta de designación o elección ocasiona acefalías prolongadas en altos cargos, deben seguir ejerciendo hasta la designación y posesión de las nuevas autoridades titulares”, dice una parte de la sentencia en borrador que, según Soberanía, estaría circulando para firmas de los magistrados.
En la página oficial del TCP, la Acción de Cumplimiento Nº 48826-2022-ACU, a la que se refiere dicha publicación, está en trámite en la Sala Cuarta del TCP desde agosto de 2022, cuando llegó en revisión remitida por una sala constitucional de La Paz. El caso se encuentra en manos del magistrado relator.
Sobre el tema, extraoficialmente, CORREO DEL SUR supo que el proyecto de sentencia está circulando entre los magistrados y que entre ellos hay diferentes posiciones, por ahora, sin consenso para emitir la sentencia correspondiente.
(Fuente: Correo del Sur)
