La Fiscalía solicitó en septiembre la ampliación de imputación formal contra Óscar Ortiz Antelo, quien fungió como ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural y ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia; además de Óscar Bruno Mercado, ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social; José Luis Parada, ministro de Economía; Jorge Fernando Oropeza, ministro de Minería; y Beatriz Capobianco, ministra de Desarrollo Rural y Tierras.

Se los acusa “por un daño económico al Estado de Bs 53.990.081,60 por la comercialización a operadores aéreos internacionales y nacionales del combustible para aviones Jet Fuel A-1 desde el 26 de junio de 2020 hasta el 10 de diciembre de 2020”, por la venta irregular de 13.772.980 litros de Jet Fuel A- I, en 2020.

De acuerdo con la denuncia interpuesta en la Fiscalía, durante su mandato Áñez y su gabinete avalaron el Decreto Supremo 4272 para vender el carburante subvencionado. Es decir, lo que a precio internacional costaba a Bs 6,65 se vendió a Bs 2,77.

El abogado de Áñez, Luis Guillen, indicó que en el proceso se habla de un decreto supremo que está enmarcado en un acto presidencial, por lo que no corresponde que se lleve una audiencia de medidas cautelares.

(Fuente: La Razón)