Barral: Defensores del caso Sacaba-Senkata son fariseos políticos; MAS aprobó juicio de privlegio para Añez

Una nota de prensa difundida por la página oficial del Senado en esa fecha, informa que efectivamente, la Asamblea aprobó el informe final de la Comisión que investigó las masacres de Senkata, Sacaba y Yapacaní, entre otros hechos, registrados a partir del 21 de octubre del 2019, bajo la administración transitoria de Jeanine Añez, “para quien se recomendó un juicio de responsabilidades por genocidio y procesos penales contra 11 ministros y exministros, por la vulneración de derechos y garantías constitucionales, que derivó en la muerte de 26 personas y un centenar de heridos y detenidos en represiones policiales y militares, tras las elecciones generales del 2019”, dice parte de la nota oficial.

También agrega que “la comisión recomendó un juicio de responsabilidades a la señora Jeanine Añez, este informe se tendrá que remitir a la Fiscalía y se dejará para que la siguiente legislatura tome la decisión si se realiza el juicio de responsabilidades o no, porque de acuerdo con la Ley 044 se requiere el apoyo de dos tercios para proceder con este acto, señaló la presidenta de la ALP, Eva Copa”. Dicha de nota de prensa no fue posible encontrar porque al parecer fue retirada del portal oficial.

Con estos antecedentes y las declinatorias judiciales, Barral sostuvo que la teoría del golpe de Estado se cae porque los dos tercios del MAS en la Asamblea no solo aprobaron la renuncia de Evo Morales, sino que ampliaron el mandato de Jeanine Añez y todos los asambleístas nacionales.

Recordó que tanto Borda como la presidenta de la Asamblea de ese entonces, Eva Copa, concluyeron emplazando a que se inicie un juicio de responsabilidades contra Añez.

Sin embargo, a tres años del informe aprobado, señaló que esa resolución no está siendo cumplida por el vicepresidente David Choquehuanca, presidentes de ambas cámaras y por el Fiscal General Juan Lanchipa. Por ese motivo, un grupo de exdiputados analiza demandar en juicio de responsabilidades a esas autoridades para defender las decisiones del primer poder del Estado.

Dijo que el IDIF, que es parte de la Fiscalía General del Estado, concluyó que los muertos fueron víctimas de armas de fuego largas y calibre 22 milímetros, que no usan ni la Policía ni de las Fuerzas Armadas. “Esto quiere decir que se mataron entre ellos”, declaró el exdiputado.

Manifestó que los familiares de las víctimas de Sacaba y Senkata ya recibieron del gobierno de Añez una indemnización de 100.000 bolivianos por cada muerto, también se beneficiaron con un año de alimentos de Emapa, subsidio para todos y becas para los hijos de los fallecidos, incluso uno de ellos pidió una beca para ser piloto y recibió la beca pagada por el Estado en una universidad privada, acotó.

La posible demanda de juicio de responsabilidades podría perfilarse en las próximas semanas para hacer respetar la institucionalidad democrática de la Asamblea y que algunos políticos del MAS salgan de la demencia y hagan prevalecer lo que los bolivianos investigaron y no los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y otras comisiones afines al gobierno.

(Fuente: Erbol)