Denuncian que sin evaluar estudios, justicia negó la acción popular en defensa del Pilcomayo

A pesar de la presentación de al menos 20 estudios que demuestran la contaminación del río Pilcomayo con metales pesados y del testimonio del pueblo indígena Weenhayeks, la Sala Constitucional Segunda de Tarija negó la acción popular que presentaron legisladores de oposición para defender ese afluente y para detener la actividad minera en esa región.

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Nelly Gallo, en contacto con la ANF, explicó que la sala constitucional usó el argumento de incumplimiento de legitimación activa, es decir, que los parlamentarios no están facultados para presentar un recurso de esas características y no evaluaron las pruebas de fondo que presentaron.

“El argumento que usaron los vocales es la falta de legitimación activa, es decir ellos indicaban que como asambleístas no estaban dentro de nuestras facultades interponer una acción popular. Hemos visto una parcialización directa desde el inicio de la audiencia, no se han dado el tiempo adecuado para revisar la documentación que nosotros hemos presentado que son cinco carpetas con más de 20 estudios científicos que respaldaban la contaminación que hay en el río Pilcomayo”, explicó la legisladora.

El 9 de octubre, las senadoras Nely Gallo, Cecilia Requena y Santiago Ticona presentaron el recurso legal para preservar el río Pilcomayo que, durante muchos años, ha enfrentado la contaminación de sus aguas en las cabeceras del afluente por la explotación minera.

El artículo 137 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que cualquier persona de forma individual o en representación de una colectividad podrá presentar una acción popular, no es necesario de que se agote la vía judicial o administrativa.

Al respecto, la senadora recordó que ellos fueron electos por la población para que sean representados en la Asamblea Legislativa, por lo tanto, están acatando el mandato de una colectividad que, en este caso, está siendo afectada por la contaminación.

Informes y testimonios 

Gallo indicó que se entre los estudios presentados estaban los que fueron elaborados por universidades, privados y medios de comunicación. Por ejemplo, en 2022 la concejala de Potosí Reyna Menacho financió la elaboración de una investigación en la que se demostró que la ruptura del dique de colas de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) contaminó ese río.

Asimismo, dijo que se tomó en cuenta la investigación periodística que se presentó en enero de este año, en un conversatorio que organizó la Fundación para el Periodismo “El Pilcomayo y los 15 años de datos ocultos sobre contaminación” que fue elaborado por medios de Argentina, Paraguay y Bolivia, que mostraba que la cuenca del río Pilcomayo está contaminada con metales pesados que sobrepasan (hasta 190 veces) los parámetros internacionales máximos para garantizar la salud de la población.

A la vez, la legisladora dijo que el capitán de los Weenhayeks participó en la audiencia donde contó la afectación que están sufriendo a causa de la contaminación del agua y del consumo de peces, tomando en cuenta que es su principal fuente de alimentación.

“Se han presentado como terceros interesados a los representantes de los pueblos indígenas Weenhayeks, el capitán grande ha expuesto de forma verbal toda la vivencia que están pasando por la afectación que están sufriendo por la contaminación. Lamentablemente eso no fue valorado por los jueces, ni por las autoridades de gobierno que estaban presentes en la audiencia”, protestó.

En la audiencia participaron los representantes legales de los ministerios de Medio Ambiente, de Salud y de Minería. Además, de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Dijo que, en tono de burla, el delegado de Medio Ambiente admitió que en el afluente existe contaminación minera, pero justificó que los indígenas están acostumbrados a vivir con ese mal.

A la vez, los representantes del Ministerio de Salud indicaron que están realizando monitoreos constantes para garantizar la salud de los indígenas, pero eso fue refutado por la autoridad indígena y afirmó que no reciben atención médica ni les entregan medicamentos a las personas enfermas.

Finalmente, la legisladora anunció que continuarán en la protección del Pilcomayo y están evaluando las acciones legales que asumirán, además que recurrirán a organismos internacionales para garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas que están en riesgo de desaparecer por esas irregularidades.

(Fuente: ANF)