Ese proceso, en el que están incluidas otras 17 personas, entre ellas los ministros más cercanos de su gestión, se busca establecer responsabilidades por las masacres de Sacaba y Senkata, el 15 y el 19 de noviembre de 2019, respectivamente; el ellas murieron 20 personas, la mayoría a bala.

“Emitir una imputación por genocidio trae una connotación del exterminio de un determinado grupo (…): Una nación, religión o un grupo que los una adecuadamente. En Senkata nunca hubo una intención de genocidio”, dijo el jurista en entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón.

El 17 de agosto de 2021, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó su informe sobre las jornadas de violencia de noviembre de 2019. En él se califica de masacre con ejecuciones extrajudiciales a las muertes derivadas de la represión de policías y militares.

Jeanine Áñez

Pese a las consideraciones de Guillén, el artículo 138 del Código Penal establece: “El que con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso, diere muerte o causare lesiones a los miembros del grupo, o los sometiere a condiciones de inhumana subsistencia, o les impusiere medidas destinadas a impedir su reproducción, o realizare con violencia el desplazamiento de niños o adultos hacia otros grupos, será sancionado con presidio de diez a veinte años.

Guillén dijo una vez más que el proceso que se instaló en contra de Áñez y sus allegados debe ser abordado en un jucio de responsabilidades y no en la vía ordinaria, como lo anunció el fiscal general del Estado, juan Lanchipa.

(Fuente: La Razón)