Santa Cruz está en emergencia por los acuíferos y va por una ley
Escrito por Boris Bueno Camacho el 12 de octubre de 2023
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, remitirá un proyecto de ley departamental para recuperar la competencia de la región. El Gobierno asegura que no retomará la construcción de la carretera Buena Vista-Las Cruces sin un estudio técnico
Primero fue el Comité pro Santa Cruz que declaró al departamento en estado de emergencia y ayer se sumaron otras organizaciones, entre ellas la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm). En este contexto, se prepara la reactivación del Comité Interinstitucional, como el que estuvo vigente en 2022 por el Censo. Esta vez, será para defender los acuíferos de la reserva Güendá-Urubó y otras 10 áreas protegidas por una ley regional.
Esta alerta ciudadana se produce por efecto de la Sentencia Constitucional 076/2023 que anuló 38 artículos de la Ley 098 de Conservación del Patrimonio Natural de Santa Cruz (2015), quitándole a la Gobernación la potestad sobre las 11 unidades de conservación, áreas protegidas y patrimonios naturales que estaban identificadas en la norma.
El dictamen también le otorgó seis meses a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que apruebe una normativa nacional en favor de las áreas protegidas que están en todo el país. Eso sí, sobre la base de estudios técnicos como el que se acordó para la construcción de la vía Buenavista-Las Cruces, proyectada inicialmente por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), precisamente, a través de Güendá-Urubó, donde hay una reserva de agua subterránea de la que se abastece la capital cruceña. El vicegobernador, Mario Aguilera, recordó en varias ocasiones que ya hay estudios sobre esa reserva.
La sentencia constitucional, que data de 2017, fue emitida el 8 de agosto, cuando aún persistía la tensión entre el Gobierno nacional y la Gobernación por la construcción de esta carretera. La notificación formal de esa decisión se formalizó esta semana.
El apartado dice que “cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente”.
“El tribunal dice que se debe tener un proceso ordenador con una ley que debe decir cuáles son los parámetros, los principios para crear unidades de conservación nacional, departamental, municipal e indígena. ¿Qué es lo que nos preocupa? Que en la Asamblea nunca hay ley o no hay una ley de concertación, entonces no podemos abandonar las competencias que tenemos por mandato del Estatuto Autonómico y la Constitución”, explicó.
“La sentencia exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional a sancionar la Ley del Patrimonio Nacional, prevista por el Artículo 346 de nuestra Constitución Política, hace más de 13 años”, sostuvo el ministro de Justicia, Iván Lima, ante las reacciones que trajo el fallo constitucional conocido el martes.
El mismo martes por la noche, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, salió al frente para anunciar que el Gobierno respetará el acuerdo que firmó con la Gobernación de Santa Cruz para llevar adelante un estudio técnico internacional para continuar o no con el trazo propuesto por ABC o buscar otro que no afecte a la reservade agua dulce.
“Dejamos establecido que esta decisión no afecta de ninguna manera los acuerdos arribados con las autoridades y la población del departamento de Santa Cruz”, subrayó el ministro Lima.
Las presidentes de los colegios de profesionales bioquímicos, Pamela Rebolledo; forestales, Viviana Molina, y ambientales, Marisol Yabeta, emitieron un pronunciamiento en defensa de las áreas protegidas de Santa Cruz. En este documento, principalmente, proponen “acompañar e impulsar las acciones con otros entes colegiados, la sociedad civil y la Gobernación. Esto sin descartar acciones internacionales.
A su turno, el rector Cuéllar se mostró enérgicamente en desacuerdo con la sentencia del TCP. Sostuvo que la sentencia contradice declaraciones previas del mismo tribunal en 2017, cuando se afirmó que el Estatuto Autonómico de Santa Cruz estaba en línea con la Constitución.
Además, el rector subrayó la importancia de la protección de la flora y fauna, considerándolas competencias irrenunciables. Propuso dos cursos de acción: iniciar un juicio de responsabilidades contra los magistrados responsables o, de manera más cercana a los principios éticos y morales, instar a los magistrados a renunciar.
El rector argumentó que la actuación “sistemática” del tribunal podría poner en riesgo tanto la institucionalidad como la vida democrática en el país.
El fallo fue planteado en 2017, tras un fallido proceso de conciliación a través del Servicio Nacional de Autonomías sobre la delimitación de competencias compartidas y privativas. La decisión durmió más de seis años.
(Fuente: El Deber)
