Gobernación cruceña denuncia que sentencia atenta contra 11 unidades de conservación

La Gobernación de Santa Cruz denuncia que la sentencia constitucional 0076/2023, del 8 de agosto, declara la nulidad de algunos artículos de la Ley de Conservación del Patrimonio Natural de Santa Cruz Nº 98, quitando al Gobierno Departamental potestad sobre las unidades de conservación, áreas protegidas y patrimonios naturales. Alerta que se pone en riesgo 11 pulmones verdes.

Tras conocer el fallo, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a través de una carta leída por el asesor de Gestión, Efraín Suárez, llamó a la población cruceña a unirse en defensa del patrimonio natural, que alberga a los acuíferos. “Queremos pedir unidad a Santa Cruz en la defensa del medioambiente y de la naturaleza en nuestro departamento”, dice.

Entre los argumentos en los que se basa la sentencia está el artículo 298 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece las competencias privativas y exclusivas del nivel central. Con ello, se anula varios articulados de la Ley Departamental Nº 98, del 21 de mayo de 2015.

Asimismo, indica que el patrimonio natural es responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, según el Artículo 346 de la CPE y, con ello, anula los alcances de la normativa departamental para administrar los espacios territoriales de conservación, las unidades de conservación, el patrimonio natural del departamento, los corredores de conservación, entre otros.

La Gobernación informó que el fallo emitido resuelve un conflicto de competencias interpuesto en 2017, entre el nivel central del Estado y el nivel departamental, declarando la nulidad de varios aspectos de la ley departamental.

Resta facultades a las autoridades del departamento para emitir criterios técnicos-legales sobre actividades, obras y proyectos (licencias ambientales, planes de manejo forestal, planes de ordenamiento predial, actividades mineras e hidrocarburiferas y de cambio de uso de suelo).

Esta sentencia también anula el marco legal que respaldó la crearon de 11 áreas de conservación incluida Güendá-Urubó (44.711,09 ha), donde se proyecta el tramo carretero La Guardia-Buena Vista, que parte en dos esta unidad, lo que dio lugar a conflictos con los que exigen su construcción. Tiene la zona de recarga hídrica más importante del área metropolitana de Santa Cruz.

También afecta a Las Lomas de Arena (14.975,97 ha) y a Santa Cruz la Vieja (17.080 ha).

Además, las unidades de conservación Ríos Blanco y Negro (1.426.861 ha), Meandros Antiguos del Río Ichilo (22.543,88 ha), Río Grande- Valles Cruceños (734.000 ha), Humedales del Norte (490.051 ha), Espejillos (3.487,59 ha), Serranía Sararenda (144.847,54 ha), Laguna Concepción (135.566,50 ha) y Tucabaca (262.305 ha).

“Son 3.295.529 las hectáreas que el Gobierno Departamental tenía bajo tuición de administración directa para conservación y protección y que, ahora, se encuentran desprovistas de un marco legal que las proteja, teniendo como principal amenaza la otorgación de tierras hasta hoy denominadas tierras fiscales no disponibles, y los avasallamientos a predios privados, destruyendo hábitat de especies amenazadas y endémicas de fauna y flora, atentando directamente contra la seguridad hídrica del departamento, la seguridad alimentaria, y el modelo de desarrollo económico cruceño”, advierte Camacho en su misiva.

Repercusiones

Al respecto, la diputada María René Álvarez alertó que este fallo genera un antecedente contra las autonomías departamentales. “Esta sentencia fue emitida en agosto y fue notificada el 20 de septiembre, casi como un mal regalo del centralismo para Santa Cruz, pero que sienta jurisprudencia para todos los departamentos y sus gobernaciones”.

Para la legisladora, este fallo constitucional deja claro que los “gobiernos subnacionales solo deben dedicarse a hacer obras menores, poner cables o emitir certificados, pero la tierra y el territorio, incluidas las áreas protegidas y los patrimonios naturales, los manejará el Gobierno nacional”, indicó.

El presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa Departamental, Óscar Feeney, remarcó que quien interpuso el recurso ante el Tribunal Constitucional fue el exvicepresidente Álvaro García Linera, con el afán de restar competencias al Gobierno Departamental.

(Fuente: El Deber)