Procurador de Bolivia revela que se “terciarizaba” contratando abogados externos en la defensa del Estado

“Es necesario nacionalizar la defensa legal del Estado, porque parecía que hasta ahora se terciarizaba la defensa del Estado”, que representó un costo “muy caro” para el país, declaró en entrevista con el programa Contacto Abierto.

Criticó esta forma de manejo de la Procuraduría General del Estado, porque además de recibir una institución hermética, con poca información a la población, se pudo evidenciar que trabajó sin planificación sobre los procesos legales nacionales e internacionales.

Detalló que la institución solo contrataba bufete o abogados externos en procesos ante la CIDH, procesos arbitrales en el ámbito internacional, incluso nacionales, “que hacía el abogado del Estado, el funcionario de la Procuraduría que ganaba un sueldo, que son buenos. Se convertía en una unidad solicitante” para contratar a los abogados externos, ya sea nacionales e internacionales, señaló.

Manifestó que esta modalidad de trabajo debe cambiar, porque los abogados además de otros profesionales deben ser quienes litiguen. En esa línea dijo que se está mejorando los perfiles de los profesionales, para que cumplan la misión para la que ha sido creada esta institución.

Para hacer una Procuraduría más eficiente, planteó crear una unidad especializada en investigación conformada por un equipo multidisciplinario, no solo de abogados, que permita responder a preguntas que se hace la gente como ¿fue buena o mala la nacionalización en el país? ¿Cuánto ganó o cuanto perdió el país? ¿Realmente se nacionalizó?, detalló la autoridad.

Apuesta a una “defensa preventiva del Estado”, para evitar gastos onerosos cuando en algunos casos se decide ingresar a un proceso legal o arbitral. Planteó la necesidad de revisar y analizar en algunos casos el costo/beneficio -por ejemplo- de un “acuerdo de solución amistosa”, o en qué casos se debe ir necesariamente a un litigio.

Detalló que la supervisión debería ser a las unidades jurídicas para que desde esas instancias se realicen buenas defensas de los intereses del Estado, por ejemplo, cuando haya una afectación de más de 7 millones de bolivianos, pero luego se establecieron criterios de “relevancia social y otros subjetivos”, por eso se apersonaba en diferentes casusas.

“Nosotros vamos a cambiar eso (…) Queremos dedicar los esfuerzos a la supervisión poner énfasis en las unidades jurídicas y la defensa internacional del Estado”, comentó. Al señalar que existen nueve procesos activos a nivel internacional y una cartera de 111 casos en derechos humanos.

Mediante esta norma se pretende que el Estado recupere los recursos económicos en aquellos casos en los que se ha causado un daño económico por decisiones erróneas que se hubieran asumido.

(Fuente: ANF)