Denuncian que comunarios de Zongo fueron golpeados y Fiscalía negó atención médica forense

Encinas dijo que en la audiencia la Fiscalía no pudo establecer a quién pertenecen los explosivos exhibidos como prueba porque no estaban en posesión de los comunarios, la dinamita se encontraba en una caja sellada.

La defensa legal de los nueve comunarios de la comunidad Cahua Chico de Zongo que fueron enviados a la cárcel el fin de semana, denunció que fueron sometidos a tortura por los cooperativistas mineros y la Policía no hizo nada. Además, el fiscal negó que los sindicados sean valorados por un médico forense, bajo el argumento que los aprehendidos no pueden acceder a ese derecho.

El abogado de los comunarios, Richard Encinas, en contacto con la ANF, contó que tras conocer la situación sus clientes, solicitó al fiscal que sean valorados por un médico, pero este dispuso que sean revisados por los bomberos y luego se definiría si amerita una evaluación forense. En el momento de la revisión, los voluntarios confirmaron que necesitan atención médica porque presentaban laceraciones múltiples.

“Los pobladores presentaban heridas, uno de ellos tiene una herida grande en la cabeza, otro presentaba golpes en el estómago que le afectó al momento de orinar, porque sentía dolor al momento de hacer sus necesidades y estaba haciendo con sangre. Solicité al fiscal que sean revisados por un médico forense, pero me dijo que el mecanismo no permite que los aprehendidos sean revisados por un médico”, explicó.

Luego de los conflictos que se registraron en esa región, los comunarios fueron sometidos a una audiencia cautelar donde el juez dispuso la detención preventiva por cuatro meses, en la cárcel de San Pedro. Fueron imputados por avasallamiento y tenencia de explosivos.

El jurista indicó que sus clientes fueron retenidos por los mineros a las 11:00 del viernes y llegaron 12 horas después a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz, dijo que ese tiempo fue aprovechado para que sean torturados.

Asimismo, recordó que según la norma cuando una persona particular aprehende a otra debe ser entregada en el puesto policial más cercano; sin embargo, en este caso no lo hicieron y decidieron trasladarlos de forma inmediata a la sede de Gobierno.

“Pero la norma establece que cuando hay un aprehendido por particulares, lo que debe hacer es conducir a la persona hasta la autoridad competente, que sería el comandante policial que estaba en Zongo. Además, existe una posta policial en Zique y lo lógico es que los entreguen ahí, pero no lo hicieron”, indicó.

A la vez, Encinas dijo que en la audiencia la Fiscalía no pudo establecer a quién pertenecen los explosivos exhibidos como prueba porque no estaban en posesión de los comunarios, la dinamita se encontraba en una caja sellada. Incluso pidió que se realicen las pericias para establecer si fueron manipuladas por sus clientes, pero fue rechazada.

“Los explosivos no se sabe de dónde han aparecido porque estaban en una caja cerrada, en el informe de la requisa personal en ningún momento figura que se han encontrado en su poder o dentro de su cuerpo estos explosivos o algún artefacto, no se refiere nada”, explicó el jurista.

El conflicto

El día de los hechos, los pobladores estaban realizando trabajo comunitario de reparación del puente que fue dinamitado por los mineros, mientras que los cooperativistas estaban consumiendo bebidas alcohólicas cerca del lugar, quienes hicieron detonar varios explosivos que alarmó a los campesinos y se generó el conflicto.

Sin embargo, el problema entre los comunarios de Zongo y el empresario minero Oscar Bellota, propietario de la cooperativa 28 de Octubre, data del 2000, cuando los indígenas denunciaron al empresario por tráfico y despojo de tierras, contaminación y división de las organizaciones del lugar.

(Fuente: ANF)