El dato se desprende del informe anual del Instituto Fraser de Canadá que junto con El Centro de Estudios Públicos POPULI, perfilan una Bolivia maniatada que logra 6,08 puntos (10 es lo ideal), en cuanto a libertad económica, puntaje que solo le permite superar a Venezuela (3,01) y a Argentina (4,77) y quedar muy atrás de Chile (7,66) y de Perú (7,52), que a escala mundial ocupan el puesto 30 y 37 respectivamente.
Brun remarcó que más allá del lugar que ocupa Bolivia lo que interesa es saber como determinadas acciones políticas hacen que una nación no progrese, no genere riqueza y un mejor bienestar para su población.
“Los datos muestran que existe una clara relación positiva entre la libertad económica y el PIB per cápita, los países con puntajes más altos en el índice de libertad económica tienen, en promedio, una renta per cápita más alta. La tasa de pobreza es, también, una variable relevante a la hora de evaluar el progreso social en los países que tienen un mayor índice de libertad económica tienen, para distintos umbrales de pobreza, menor porcentaje de su población por debajo de esos umbrales. El decil más pobre de la población de los países con mayor libertad económica, tiene, en promedio, una renta en 12 veces mayor al decil más pobre de los países con menor libertad económica”, destacaron desde Fraser.
Variables analizadas
Para llevar adelante el estudio, cinco son las variables, que de acuerdo con el puntaje que se obtenga, permiten elaborar un perfil de la libertad económica presente. En el caso boliviano este es el análisis.
El componente “Tamaño del Gobierno” en 2023 muestra una ligera disminución, lo que indica una mayor intervención gubernamental en la economía pues baja 5,95 (del informe 2022) a 5,94.
En el Área de “Moneda Sana” muestra un aumento, sugiriendo estabilidad en el sistema financiero y se obtiene 9,55 cuando en 2022, era 9,48.
La “Libertad para Comerciar Internacionalmente” se mantiene constante con una puntuación de 6,14, cifra similar a la del año pasado.
Al respecto, Germán Molina, analista económico, indicó que las variables presentadas muestran el accionar del Gobierno y su impacto en la economía del país.
Así hizo notar que el sistema legal y los derechos de propiedad en el país están vulnerados por la corrupción y un claro ejemplo es como la propiedad privada no se respeta y los avasallamientos de predios productivos e industriales privadas son tomados, cada vez con mayor frecuencia, por grupos políticos, sin que la justicia haga algo al respecto para evitar esos abusos.
“Otra señal es como desde un actuar político se despoja de sus bienes a los inversores privados y cuando estos recurren a instancias internacionales las mismas les dan la razón, por lo que Bolivia queda mal y da señales de que no es un país confiable para invertir”, observó Molina.
En cuanto a la libertad para el comercio internacional, Molina subrayó que este se encuentra limitado por los cupos de exportación de un sistema político centralistas y controlador que no cree en la iniciativa privada y que por el contrario “considera que son los burócratas los que deben determinar que puede consumir la población, que puede comprar y dónde debe hacerlo”.
Desde la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), precisaron que la burocracia es una de los principales frenos para un mejor desempeño de los exportadores del país, que en esta coyuntura son los llamados para genera mayores divisas y de esa “manera contribuir con el desarrollo del país, que no necesita de más y más regulaciones, sino de una alianza público-privado que permita la generación de riquezas al interior de Bolivia”.
Un aspecto que para Brun es determinante, si se quiere que el país salga de su letargo, para enfilar hacia un desarrollo sostenible donde es valorar la iniciativa privada en vez de ser censurada por las autoridades gubernamentales.
(Fuente: El Deber)
