Advierten que por inadecuación al marco internacional, casos de tortura siguen en la impunidad

Hasta la fecha no se conoce ninguna sentencia por tortura en Bolivia. Ni el caso más emblemático del apicultor Juan Bascopé Cari, cruelmente torturado por efectivos policiales y militares, llegó a sentencia en más de nueve años de supuesta investigación por parte del Ministerio Público.

El activista de derechos humanos David Inca señaló que los casos de tortura ocurridos en el país seguirán en la impunidad mientras el legislativo boliviano no adecúe el artículo 295 sobre Vejaciones y Torturas del Código Penal a estándares internacionales. Muestra de ello dijo es la impunidad en los 96 hechos de tortura ocurridos en la ciudad de El Alto en noviembre de 2019.

Betty Yañiquez, presidenta del Comité de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, dijo a ANF que el proyecto de Ley 305, que modificará el artículo, se encuentra en un proceso de socialización. El Comité contra la Tortura (CAT) recomendó al Estado boliviano hace más de dos décadas adecuar el artículo señalado, que castiga la tortura con sanciones para delito común.

Los casos de tortura ocurridos “no avanzan porque primero no hay la modificación al Código Penal, la Organización Mundial Contra la Tortura y el Comité Contra la Tortura justamente recomiendan que primero tiene que adecuarse la definición de tortura de acuerdo a lo que dispone la Convención y eso no se ha hecho”, señaló Inca a ANF.

Pese a los compromisos asumidos con el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), en la Asamblea Legislativa “más están peleándose entre ellos, entre Evistas y Arcistas, y no les interesa el tema de la modificación del Código, que pasa por una simple modificación y adecuación a los estándares internacionales, pero no lo están haciendo”, señaló Inca.

ANF Noticias Fides · Activista de Derechos Humanos David Inca

El activista identificó dos líneas del MAS confrontadas en la comisión donde radica el proyecto de Ley y que está bloqueando el avance del proceso: Betty Yañiquez es la presidenta del Comité de Derechos Humanos y es del lado “Evista”, y Magaly Guzmán que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y es “Arcista”; “así que las dos aportan para que esto no avance”, dijo.

Que no haya adecuación a estándares internacionales implica, refirió Inca, que todo proceso sea simplemente por lesiones graves y leves, y si hay muerte, seguido de muerte, “entonces propiamente como tortura no hay, el tema de tortura no se adecua a lo que quiere el Comité y la organización mundial, es una recomendación que no están cumpliendo y tampoco el informe del GIEI que también lo menciona”.

La diputada Yañiquez dijo a ANF que se está tratando en el Comité el proyecto de Ley 305 que se refiere al tema, y “lo que tenemos que hacer es socializar a fin de dar mayores luces”.

ANF Noticias Fides · Diputada del MAS, Betty Yañiquez

Inca sostuvo al respecto que hubo varios proyectos de Ley presentados al Legislativo desde hace más de cinco años como por el ITEI (Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia Estatal) y la Coalición contra la Tortura, pero “el problema es que no le dan importancia”.

El activista indicó que como víctimas de Senkata, al haber sufrido el abuso policial extremo en noviembre de 2019, presionarán para que el proyecto de Ley que considera la modificación del artículo de tortura se lo apruebe lo antes posible y entre en vigencia. Indicó que incluso una Ley contra la tortura está pendiente.

“Hasta ahora no hay avance en el tema de la modificación al Código Penal y tampoco la Ley, porque tiene que haber una modificación al Código y tienen que haber una Ley contra la Tortura, entonces, los dos están en la Comisión de Derechos Humanos y los dos no están avanzando, nosotros vamos a presionar como víctimas para que esto se haga lo más rápido posible”, apuntó.

En Bolivia la tortura no tiene castigo. Desde 2013 más de mil casos fueron denunciados y ninguno llegó a sentencia. ANF lo evidenció en el reportaje “El Paraíso de los torturadores”. Son varios los factores que confluyen para que policías, militares y funcionarios públicos civiles apliquen la tortura o la permitan, sin temor a ser sancionados.

En la gestión 2022, en el marco de los conflictos sociales, la policía se caracterizó por cometer torturas, sembrar de pruebas y detener de forma arbitraria. La vulneración a los derechos humanos ocurrió con la aquiescencia del Estado.

(Fuente: ANF)