El Ministerio de Justicia presentó el pasado 3 de junio una denuncia penal contra los principales ejecutivos del intervenido Banco Fassil por asociación delictuosa y organización criminal. Se trata de la tercera demanda en contra de las exautoridades de la entidad financiera que ya están acusadas de legitimación de ganancias ilícitas y delitos financieros.
La demanda presentada por el Ministerio de Justicia está dirigida contra Ricardo M. O., Jorge Arturo Ch. V., Patricia P. S., Roberto L. P. y Hermes H. S. C.
“El señor Juan Ricardo M. conformó distintas sociedades comerciales con el objetivo de realizar transacciones financieras y negocios jurídicos entre las empresas que conformaban el grupo económico para eludir el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), Impuestos Nacional, la Unidad de Investigaciones Financieras y otras entidades del Estado para ocultar el origen de los recursos captados aprovechando la estructura societaria para transformar estos recursos mediante negocios jurídicos entre los accionistas y empresas”, dice parte del documento presentado el lunes por DTV.
El documento menciona a Santa Cruz Financial Group, propiedad de Ricardo M., que, según explica, vendía acciones a través de un compromiso de recompra después de un plazo determinado. “De esta forma se obtenía recursos que en muchos casos provenían del mismo Banco Fassil”.
La demanda revela que se conoció casos de algunos compradores de acciones que eran presionados por Ricardo M., para completar la compra como condición para la obtención de un crédito en el Fassil.
“Santa Cruz Financial Group pagaba una utilidad a los accionistas y después de unos años se debería recomprar las acciones con este esquema. Lo que se logra es que el dinero que sale del Banco Fassil, que pertenece a los ahorristas, retorne al mismo grupo económico a través de la venta de acciones”.
Con esta forma de operar eludían los controles sobre créditos vinculados empleando a terceras personas que no eran reguladas por la Asfi.
Respecto a los préstamos de terceras personas a Santa Cruz Financial Group de altas sumas de dinero, la demanda explica que se realizaban de dos formas: a través de contratos de préstamos con terceros y origen de los recursos desconocidos o con recursos recibidos por Santa Cruz Financial Group de créditos obtenidos del Banco Fassil y usados para una finalidad distinta a la indicada en la aprobación del contrato.
El documento también se refiere a préstamos otorgados sin garantías suficientes por el Banco Fassil e indica que los ejecutivos no informaban sobre la calificación de riesgo de los deudores o la modificaban. “(..) con la finalidad de brindar beneficios indebidos a las empresas que no eran parte del grupo económico y una vez desembolsado el crédito no informar adecuadamente sobre la calificación que correspondía o modificando indebidamente la calificación de los deudores”.
Tras la intervención del Banco Fassil en abril pasado, se conoció que al menos 50 empresarios estaban siendo investigados por haber obtenido millonarios créditos de la entidad y haber desviado más de Bs 2.155 millones a cuentas de Santa Cruz Financial Group, entre el 5 de enero de 2018 al 31 de mayo del 2021.
Ricardo M. se encuentra recluido preventivamente en el penal de Palmasola. Junto a él otros cinco exaltos ejecutivos fueron sancionados con reclusión preventiva.
El lunes, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó que un juez determinó acumular las investigaciones del Banco Fassil en La Paz. Sin embargo, los abogados presentaron una apelación a esta decisión y se aguarda al resultado de la misma.
(Fuente: La Razón)
