Por qué el “factor catalán” será clave para definir quién será el presidente del gobierno en España

Los partidos que perdieron frente a su rival directo u obtuvieron menos votos que hace cuatro años fueron los que más celebraron los resultados.

El conservador PP de Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones con 136 diputados frente a 122 del segundo partido más votado, el progresista PSOE del presidente Pedro Sánchez.

Pero para reeditar el actual ejecutivo de coalición, Sánchez dependerá los partidos independentistas de Cataluña, cuya máxima aspiración es que esta región nororiental de más de 7,5 millones de habitantes se separe de España y conforme un Estado independiente.

Junts Per Catalunya y ERC, que en conjunto perdieron casi la mitad de sus escaños y más de un tercio de votos respecto a las elecciones de 2019, también festejaron los resultados porque pueden poner sobre la mesa un alto precio a cambio de su apoyo a Sánchez.

Por qué ocurre esto

Las elecciones generales de este domingo han dejado claro, una vez más, que formar gobierno en España no es una tarea fácil.

Los electores no escogen directamente al presidente sino a los 350 diputados que conforman el Parlamento, según el sistema electoral del país.

Para investir al presidente, puede haber dos votaciones: la primera requiere mayoría absoluta, con el apoyo de 176 de los parlamentarios del total de 350, y, si esta no sale adelante, basta con que en la segunda haya más votos a favor que en contra.

Lo que parece sencillo se torna un dolor de cabeza porque los españoles escogieron un Parlamento muy fragmentado con partidos de izquierda, derecha, regionalistas e independentistas que en muchos casos persiguen objetivos incompatibles y se imponen vetos entre ellos.

Altas exigencias

Entonces llegaría el turno de Sánchez, que tampoco lo tendría nada fácil.

Los socialistas necesitarían reeditar el pacto que les dio el gobierno en los últimos cuatro años y que les permite cogobernar con Podemos, el partido de extrema izquierda integrada con otras fuerzas afines en la plataforma ahora llamada Sumar y con la cual acumula en conjunto 153 diputados.

Y deberán lograr también el voto favorable de los independentistas de derecha catalanes Junts, que se han mostrado más radicales en sus aspiraciones secesionistas y no lo apoyaron en la investidura de 2019.

Antes de las elecciones del domingo este partido se negaba rotundamente a pactar con cualquiera de las dos grandes coaliciones de derechas o de izquierdas en Madrid.

Sin embargo, tras saber que sus 7 diputados pueden ser decisivos, puso en la mesa las dos condiciones que exige para permitir formar gobierno: amnistía y autodeterminación.

El líder de Junts, Carles Puigdemont, lleva casi seis años prófugo en Bélgica para evadir a la justicia española.

Está acusado de rebeldía y malversación por haber organizado en 2017 un referendo ilegal y haber participado en la declaración unilateral de independencia de Cataluña del 1 de octubre del 2017.

El lunes, un día después de las elecciones, la Fiscalía española solicitó al juez responsable del caso reemitir la orden de busca y captura que pesa contra él.

“Un día eres decisivo a la hora de formar el gobierno español y al siguiente España ordena tu arresto”, tuiteó Puigdemont con sarcasmo el lunes.

La causa que pesa contra Puigdemont -y que podría llevarlo a la cárcel si finalmente lo extraditan a España- se plantea como el principal obstáculo para que Junts permita a Sánchez gobernar con sus socios cuatro años más.

“Ellos van a dar su apoyo a Pedro Sánchez pero van a poner un precio, y este sin duda va a ser que Puigdemont venga a España y quede libre”, le indicó a BBC Mundo el reconocido periodista Mariano Guindal, cronista del diario español La Vanguardia.

Esto, obviamente, plantea un problema: en España el poder judicial es independiente y está por ver hasta qué punto la presión que un partido o un gobierno ejerza sobre los jueces y fiscales podría doblegarlo en un caso tan grave como este.

“Es difícil, pero la política es el arte de hacer posible lo imposible. Un gobierno puede hacerlo todo: hay fórmulas, hay resquicios, hay cambios de leyes… pero cuando un gobierno quiere hacer una cosa, termina haciéndola”.

En cuanto a la autodeterminación, Junts podría exigir que el gobierno español le permita celebrar un referéndum de independencia, es decir, una votación vinculante en la que los catalanes decidan si separarse o no de España y formar su propio Estado.

Esta condición -contando con que el partido la mantenga hasta el final- sería prácticamente imposible de cumplir por dos motivos: la Constitución española lo prohíbe expresamente y el costo político de facilitar la independencia de una de las regiones más importantes de España sería, para el PSOE, de proporciones incalculables.

No obstante, si Junts muestra cierta flexibilidad puede haber términos medios.

“Traer a Puigdemont y dejarlo en libertad sería hasta cierto punto un sapo tragable, pero el referéndum no. En su lugar se podrían impulsar reformas o algún tipo de consulta popular que no sea vinculante. Los políticos tienen asesores muy imaginativos”, afirma Guindal.

Además, ERC, el partido independentista catalán que sí apoyó hasta ahora al gobierno de Sánchez, ha adelantado que renovar su compromiso tampoco saldrá gratis, si bien ha exigido recompensas más factibles: acabar con el déficit fiscal catalán, traspasar al gobierno autonómico la red de trenes de cercanías y seguir negociando para lograr el referéndum, según dijo su candidato Gabriel Rufián.

Así, el complejo entramado de alianzas e intereses del sistema parlamentario español hace difícil la creación de un nuevo gobierno tras los resultados del 23 de julio. De no lograrlo, se repetirán las elecciones en octubre.

El poder del nacionalismo regional

No es la primera ocasión en que la investidura de un presidente para formar gobierno en España depende de partidos nacionalistas.

Esto sucedió por primera vez en 1996 con el Pacto del Majestic, llamado así por el hotel de Barcelona que albergó las negociaciones entre el PP y Convergència i Unió (CiU) que permitieron llevar al poder al conservador José María Aznar.

Aznar ganó las elecciones de ese año sin mayoría absoluta- y CiU le brindó, junto a otros partidos regionalistas, el apoyo que necesitaba para formar gobierno a cambio de concesiones políticas.

CiU, predecesor de Junts, era entonces el principal partido nacionalista de Cataluña, no se consideraba independentista y aspiraba a conseguir una mayor autonomía para la región.

Más reciente es el ejemplo ya mencionado del actual gobierno de Pedro Sánchez, quien asumió la presidencia en 2018 gracias a una moción de censura que contó con el apoyo de los independentistas catalanes, así como de los nacionalistas vascos del PNV.

Luego llegaron las elecciones de 2019, que se repitieron tras no alcanzarse un acuerdo entre partidos para elegir presidente. En el segundo intento Sánchez fue investido gracias a la abstención de ERC y el apoyo de otros partidos minoritarios.

Los partidos regionalistas han sido actores cruciales en la formación de gobiernos en España, y lo son cada vez más en un entorno marcado por la división de los bloques de izquierdas y derechas que hace prácticamente imposible una mayoría absoluta.

Así, partidos como Junts, con 7 diputados y el objetivo principal de escindir una parte del país, son hoy cruciales para formar gobierno y evitar un bucle interminable de repetición de elecciones. Toda una paradoja de la democracia española.

(Fuente: BBC)