El programa Evo Cumple: empresas cercanas al poder, obras abandonadas y pérdidas económicas

La investigación de Acceso Investigativo y CONNECTAS reveló que, durante la vigencia del programa Bolivia Cambia Evo Cumple, la forma en que se adjudicaron y ejecutaron los contratos provocó pérdidas de al menos 102 millones de bolivianos (14,7 millones de dólares).

El esquema benefició a un grupo de 20 empresas, algunas de ellas de empresarios cercanos al partido de Gobierno y de aliados políticos en momentos claves del legislativo. Además, el plan terminó con obras abandonadas, inconclusas, sobredimensionadas o con fallas estructurales y hasta de diseño.

 

Los proyectos más jugosos del millonario programa de infraestructura que el expresidente boliviano promovió durante su gestión terminaron en manos de empresarios cercanos al poder y de compañías que recibían contratos antes de habilitarse legalmente ante el fisco. La discrecionalidad a la hora de repartir proyectos acabó en pérdidas económicas para el Estado y en edificaciones sobredimensionadas, subutilizadas o con fallas que le robaron a los bolivianos el prometido desarrollo.

Jacinto Arevilca tiene muy presente el día en el que casi pierde la vida. Hace tres años, un par de malvivientes le propinaron una golpiza en el Instituto Tecnológico Plurinacional de Bolivia, ubicado en Santa Cruz. La instalación actualmente está abandonada y desvalijada. Como nunca estuvo operativa, el centro donde debían formarse profesionales en mecánica, gastronomía, electricidad y confección terminó como un refugio de delincuentes que atemorizan a los vecinos del populoso barrio Valle Hermoso I. Fue ahí donde Arevilca cuenta que quedó tendido y moribundo.

La institución educativa fue entregada en el año 2014 por el entonces presidente Evo Morales (2006-2019), en el marco del programa Bolivia Cambia Evo Cumple, un ambicioso plan de infraestructuras que lanzó el exmandatario para lograr el desarrollo del país. El prometido instituto tecnológico es hoy un monumento que retrata la gestión del millonario plan. El Gobierno nacional nunca designó docentes y el departamental no equipó el centro. Fue así como llegó el descuido: poco a poco, se robaron las puertas, los grifos y hasta los cables.

La construcción de este establecimiento costó 6,9 millones de bolivianos (casi un millón de dólares) y fue uno de los casi mil proyectos del programa Bolivia Cambia Evo Cumple que se asignaron directamente a 427 compañías por más de cuatro mil millones de bolivianos (unos 527 millones de dólares) entre los años 2012 y 2021.

La investigación de Acceso Investigativo y CONNECTAS, en alianza con Erbol, El País y El Deber, reveló que, durante la vigencia del programa Bolivia Cambia Evo Cumple, la forma en que se adjudicaron y ejecutaron los contratos provocó pérdidas de al menos 102 millones de bolivianos (14,7 millones de dólares). El esquema benefició a un grupo de 20 empresas, algunas de ellas de empresarios cercanos al partido de Gobierno y de aliados políticos en momentos claves del legislativo. Además, el plan terminó con obras abandonadas, inconclusas, sobredimensionadas o con fallas estructurales y hasta de diseño.

 

El Estado pagó al menos 65 millones de bolivianos más debido al incremento de los costos originales y se calcula que dejó de cobrar otros 37,5 millones por no cobrar las garantías y multas por los retrasos e incumplimientos incurridos por las empresas, según cruce de datos de actas de recepción y formularios de cierre de proyectos. Con esos montos se habrían costeado 13 centros educativos como el de San Andrés en Tarija, o dos hospitales de segundo nivel como el de Riberalta en Beni.

El plan Bolivia Cambia Evo Cumple tampoco escondió su intención electoralista. El mayor ritmo de firma de los contratos ocurrió en periodos electorales: en 2013, 2014 y 2019 se suscribieron el 63% de los proyectos adjudicados, y también fueron los años en los que el Gobierno proyectó la mayor entrega de obras a las comunidades.

Pero, además, esta investigación evidenció que el Estado boliviano llegó a firmar contratos con empresas que ni siquiera cumplían los requisitos más básicos. Tres compañías activaron su número de identificación tributaria (NIT) —una condición indispensable para adjudicarse proyectos con el Estado— después de suscribir los acuerdos de construcción de obras. En otros casos, al menos 19 compañías habilitaron su NIT a días o, incluso, horas antes de la firma contractual.

Adicionalmente, no hay claridad sobre la situación de todos los proyectos porque no se reportó su estatus. Esta investigación determinó que, de los 962 proyectos en el marco del programa, la ejecución de al menos 140 quedó sin transparentar, al incumplir el reporte en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) sobre su condición. Otros 21 figuran como si todavía estuviesen en construcción, a pesar de que parte de ellos iniciaron sus obras hace seis años, mientras 55 más fueron rescindidos. Los otros 746 proyectos aparecen como concluidos.

Para esta investigación se rastrearon los contratos de infraestructuras ejecutadas por la UPRE disponibles en el SICOES. Se revisaron más de un millar de documentos empresariales, cruzando información del Servicio Plurinacional del Registro de Comercio (Seprec), Impuestos Nacionales (SIN) y el Tribunal Supremo de Justicia. También, se visitaron más de una veintena de obras en diferentes localidades del país y se hicieron solicitudes de información al Ministerio de la Presidencia, la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), Contraloría General del Estado y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), además de entrevistar a los empresarios y beneficiarios de proyectos.

Un programa que nació en la oscuridad

Bolivia Cambia Evo Cumple inició en el año 2007 con la ayuda financiera de Venezuela, en un esquema que se mantuvo hasta 2011, cuando el entonces Ministerio de Transparencia encontró 116 proyectos con indicios de corrupción y obras de mala calidad. Sin embargo, esto no motivó una aplicación de procesos de contratación transparente, al contrario. A partir de ese año se concretó un sistema de adjudicaciones directas y se quintuplicó el financiamiento ya exclusivamente con dinero boliviano. De 220 millones de bolivianos, el monto subió a más de 1,186 millones de bolivianos (unos 170 millones de dólares) en 2012 y continuó en crecimiento para los siguientes años.

El megaproyecto de obras públicas fue manejado por la UPRE, dependiente del Ministerio de la Presidencia de Bolivia. El plan fue ejecutado con escasos controles y por un sistema de normas especiales —como los decretos 981 y el 2262— que anularon la competencia entre las empresas y eliminaron los límites presupuestarios del programa.

Desde ese momento, el Gobierno le dio más poder al director de la UPRE, quien era designado por el Ministerio de la Presidencia. Una de las irregularidades más importantes del programa fue el acomodo de normas para adjudicar las obras. Por orden del Poder Ejecutivo, las asignaciones de proyectos se hicieron sin licitaciones —es decir, en procesos sin concurso entre empresas— en los que no se respetaron los procedimientos o preceptos básicos de transparencia para las contrataciones directas, como el de invitar a más de una empresa y adjudicar a la mejor propuesta técnica y el precio más bajo.

Obras UPRE observadas por el ministerio de transparencia

Informe Ministerio de Transparencia Evo Cumple 2011

Esta modalidad bien la conocen los empresarios Eduardo Velarde, de la Constructora Velarde, y Walter Vásquez, de la empresa Covas, dos de las principales contratadas por la UPRE. Ambos coinciden en que generalmente la institución asignaba los proyectos directamente a una compañía y sólo en construcciones grandes había hasta tres invitadas. Añaden que el llamado a otras compañías no era una norma que se cumplía regularmente y que, en realidad, todo dependía del apuro del Gobierno a la hora de contratar.

Los empresarios relatan, además, que les tocó corregir obras mal diseñadas y concluir proyectos que otras compañías dejaron inconclusos por incumplimientos de los contratos con la UPRE. Aseguran que su experiencia en el rubro les llevó a recibir adjudicaciones de esta entidad.

Walter Vásquez, dueño de la empresa Covas Srl, relata que tuvo que rediseñar varias obras que le adjudicó la UPRE y que había rescindido contrato con otras empresas.

A lo largo de los años, la justicia boliviana documentó algunas irregularidades. La Procuraduría General del Estado denunció en 2015 al empresario Néstor Suárez Gil, dueño de Suárez Consultoría y Construcción, por incumplimiento de contrato y conducta antieconómica. Por su parte, Boris Cristhian Mostajo Balderrama, de la Constructora Parental, también enfrentó un juicio por presunto incumplimiento de contrato y uso de instrumento falsificado en una obra adjudicada por la UPRE, pero fue declarado rebelde en 2022 porque nunca compareció ante los tribunales.

Este año comenzó un proceso judicial por el alegado robo de 14 proyectos, y por el caso están detenidos dos técnicos de la UPRE. Una de ellos, Lucy Miranda, señaló al expresidente Evo Morales, a Juan Ramon Quintana (exministro de la Presidencia) y a Alexis Mercado Condori (exdirector de la UPRE) como los funcionarios que ordenaron la adjudicación de esas obras.

Los empresarios “cercanos” al Gobierno

La buena estrella de la constructora Machupo comenzó a brillar en el año 2013, cuando la UPRE empezó a entregarle proyectos. Cobró 39,5 millones de bolivianos (5,5 millones de dólares) por construir cuatro proyectos. Su dueño, Carlos Iván Seoane Gutiérrez, es hermano de Jimmy Seoane Gutiérrez, un miembro del MAS cuya carrera política en Beni fue apoyada por el expresidente Evo Morales en dos oportunidades. También, acompañó la gestión del gobernador de ese departamento, Alex Ferrier (2015-2019), como su secretario de Planificación y Desarrollo Económico. El empresario no respondió las preguntas enviadas al correo electrónico de contacto institucional de su compañía, ni tampoco su hermano a quien se intentó contactar en varias oportunidades.

A la lista de beneficiados con algún grado de cercanía al poder se suma Douglas Ascarrunz, accionista de Tauro SA, empresa que se adjudicó la construcción de 29 canchas de fútbol para el programa Bolivia Cambia Evo Cumple. Se trata de un viejo dirigente del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) que hasta el 2008 figuraba como miembro del Comité Político Nacional, según el TSE. En 2006, su partido apoyó al MAS para que ganara la presidencia de la Cámara de Senadores. Ascarrunz es más conocido por su labor dirigiendo uno de los grandes equipos de fútbol de La Paz: entre 1998 y 2023 fue presidente, fiscal general y miembro del tribunal de honor del Club Deportivo The Strongest. Desde la compañía indicaron que no tenían tiempo para responder las preguntas enviadas para esta investigación.

La empresa Paula Construcciones también ha bailado cerca del poder. Su dueño, Ramiro Ernesto Vaca Figueroa es concuñado del gobernador de Tarija, Oscar Montes Barzón, jefe histórico de Unidos Para Renovar (UNIR). Montes Barzón fue una pieza fundamental en 2018, cuando unió a sus leales concejales al partido político de Evo Morales para arrebatar la presidencia del Concejo Municipal de esa ciudad al entonces alcalde Rodrigo Paz. Esta compañía construyó una sede sindical y un campus universitario en Yacuiba por 65,4 millones de bolivianos. El empresario no atendió las llamadas telefónicas realizadas para este trabajo, tampoco respondió las preguntas enviadas al correo electrónico institucional de su compañía. Entre tanto, el gobernador negó que su cuñada sea la propietaria de esta empresa, si bien así consta en los registros revisados para esta investigación, aseguró que no tiene ningún vínculo con los dueños y que no conoce a nadie de la UPRE.

Otra de las empresas contratistas cercanas al Gobierno, aunque con un contrato de 5,2 millones de bolivianos, es la empresa Cociva SRL, que pertenece a Abran Valda Duarte, hermano del ex viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico Carmelo Valda Duarte (2020-2023). Cuando su familia se adjudicó la construcción de un centro de acogida en el 2014, él era director departamental en Chuquisaca del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), una institución del Gobierno nacional que supervisa proyectos de la UPRE. Luego, en esa misma jurisdicción acompañó la gestión del gobernador del MAS Esteban Urquizu como secretario de Obras Públicas (2015-2020). Desde la compañía tampoco respondieron las preguntas enviadas a su correo de contacto institucional para este trabajo periodístico y Abran tampoco contestó las llamadas telefónicas realizadas.

Otros empresarios, como Luis Fernando Gutiérrez Gil, dueño de Construmat Ltda —una de las grandes beneficiadas por Bolivia Cambia Evo Cumple— tuvo contacto con el poder por otra vía. En 2016, el Ministerio de Transparencia reveló que Gutiérrez Gil y Gabriela Zapata, ex pareja de Evo Morales, fueron en representación del grupo empresarial CMC, del cual era parte Construmat, a una reunión con funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). El empresario admitió a periodistas de esta investigación que Zapata —sentenciada por legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictiva y otros delitos— organizó este encuentro en el Hotel Presidente para ayudarles a cobrar una deuda ante esa institución vial. Pero aseguró que luego de esa ocasión jamás la volvió a ver, que no pagó por ese favor y que su compañía obtuvo los proyectos de la UPRE por su experiencia y no por la mediación de la expareja de Evo.

Para algunos, Evo “lo fue todo”

Para ciertas empresas, el programa Bolivia Cambia Evo Cumple representó su salvavidas financiero. Eso ocurrió con Jorge José Márquez Saleg. Su empresa, que en los papeles del Seprec fue registrada el 2009, lleva su nombre y se adjudicó 253 millones de bolivianos (36,6 millones de dólares) bajo 13 proyectos UPRE. Según los documentos analizados para este reportaje, estos ingresos representaron el 99 % del dinero que entró a su compañía en el periodo contractual 2013-2021 gracias al mega plan estatal.

Su constructora, de apenas dos empleados según declaración ante el Seprec, fue capaz de construir el Teatro Nacional de Oruro, por 60 millones de bolivianos (8,68 millones de dólares), y paralelamente las sedes de los mineros en La Paz y de las mujeres campesinas Bartolina Sisa. Y todo sin poder subcontratar más de un 25 % de la obra, como dictan los contratos.

¿Cómo fue capaz de construir tres proyectos con tan pocos empleados? Márquez Saleg fue consultado para esta investigación sobre sus negocios con la UPRE, pero respondió que por cuestiones judiciales no podía pronunciarse al respecto. El arquitecto se ha mantenido con un perfil bajo, alejado de las fotografías y escenarios políticos. Pero su habilidad para moverse en los negocios ha sido indudable, y le ha permitido lograr nuevos contratos públicos en el actual Gobierno de Luis Arce Catacora.

Similares niveles de dependencia del programa han tenido las compañías como Estrutec, Varing, Tordoya, Ibaza, Megaconst, Cromin, Creymarte y Doppler. Durante su periodo contractual con la UPRE, los ingresos de estas empresas dependieron entre el 65 y 100 % de los contratos con el programa Bolivia Cambia Evo Cumple. Estas compañías tampoco respondieron las preguntas enviadas a sus correos electrónicos institucionales.

Retrasos sin consecuencias

Una de las razones que aducía la UPRE para asumir el sistema de adjudicaciones directas sobre el esquema de licitaciones fue que agilizaban los procesos y así las obras se entregaban más rápido a los beneficiarios.

Pero paradójicamente, más del 50% de las infraestructuras terminaron con ampliaciones de plazo, con hasta tres veces más del tiempo estipulado. Aunque las compañías que incumplían debían pagar una penalización económica por día de demora, en los papeles figuran que las infractoras cobraron la totalidad del monto. La UPRE debió haber descontado la multa en la última planilla de cierre del proyecto, como mandaban los contratos, pero en esos documentos no figuran esos cobros.

El módulo 8 del Complejo Hípico de la Escuela Militar de Cochabamba es un claro ejemplo. Tenía que ser ejecutado en 210 días calendario, pero la empresa Suárez Consultoría y Construcción se benefició con una ampliación de 628 días más. Aún así, la compañía entregó el proyecto con 35 días más de demora. Por ese retraso debía cancelar 355 mil bolivianos, pero figura como si no se hubiese cobrado, según cruce de información entre el acta de recepción y el formulario de cierre.

No fue un caso aislado. Se calcula que el Estado no recuperó al menos 36 millones de bolivianos (5,1 millones de dólares) por infracciones de demora y 1,5 millones de bolivianos por no ejecutar boletas de garantía.

Las razones de los retrasos de las obras son variadas, pero generalmente están relacionadas a cambios durante la construcción del proyecto. Al Estado le terminaron por costar 65 millones de bolivianos (9,4 millones de dólares) más de lo estipulado en los contratos originales. Por ejemplo, el hospital Manuel Ascencio Villarroel de Punata, construido por la empresa Varing, terminó costando 6,8 millones de bolivianos (11,4 %) más de lo acordado inicialmente. Como esta, al menos hay otras 77 obras que aumentaron sus precios.

Tanto Eduardo Velarde como Walter Vásquez, de las empresas Velarde y Covas respectivamente, justificaron los retrasos en las entregas por problemas de importación de materiales, rediseños u otras cuestiones que escapaban a sus voluntades. Señalan que, al menos en sus casos, pese a certificar esas demoras ante la UPRE, la entidad igual les aplicaba las multas. En la construcción del Complejo Deportivo Evo Morales -uno de ocho proyectos ejecutados-, el empresario Vásquez relató que, tras haber hecho un “buen” descargo, le prometieron que la multa que figuraba en los papeles no la iban a cobrar, pero finalmente no le cumplieron.

La UPRE y el Ministerio de la Presidencia no respondieron la solicitud de información enviada por el equipo de periodistas de esta investigación para explicar si el cobro de las multas a las empresas infractoras se había aplicado bajo otros mecanismos.

Contratos adjudicados por la UPRE

También al sur de Bolivia, en la provincia O’ Connor de Tarija, se erigió en el año 2020 un estadio de fútbol para 12 mil espectadores en una región con algo más de 21 mil habitantes. En la instalación, que costó 50 millones de bolivianos (7,2 millones de dólares), no se ha jugado ni un partido interbarrial.

La obra construida por la empresa Frama ahora luce abandonada, las aceras exteriores están cubiertas de lodo y los arbustos de más de un metro de altura cubrieron todo el campo deportivo. Se envió un cuestionario a Frama, pero no se recibieron respuestas hasta el momento de esta publicación.

En Huatajata La Paz, al noroeste del país y a orillas del lago Titicaca, el alcalde Timoteo Gutiérrez contó que quiere auditar la Casa Consistorial construida por la empresa Velarde en el 2014. Al año siguiente de su entrega, la instalación presentó rajaduras en la infraestructura y la constructora dejó un ambiente de 30 x 7 metros sin puerta ni otra forma de acceder, según corroboró un equipo de periodistas para esta investigación. Desde la compañía respondieron que cumplieron con ejecutar el diseño que les dio la UPRE. Dicen que les advirtieron de la falla, y que, pese a la insistencia, la entidad no quiso corregir esta falencia. Prueba de ello es el acta de recepción final de la UPRE donde no consta ninguna observación.

Para este reportaje, también fue visitado el Mercado Santa Rosa financiado por la UPRE en el municipio de El Alto, una de las ciudades con más crecimiento poblacional del país. Allí se pudo constatar que, de 500 puestos de venta, sólo una decena están ocupados, mientras que los demás lucen vacíos.

Pese a que parlamentarios y autoridades del Ejecutivo se comprometieron a investigar las denuncias de irregularidades del Bolivia Cambia Evo Cumple, solo se quedaron en los anuncios.

La Contraloría General del Estado apenas hizo una auditoría a los proyectos ejecutados exclusivamente por la UPRE entre los años 2012 y 2022, y lo único que detectó fue la falta de un tablero en el puente Huayculi, cerca de Cochabamba. El caso se cerró luego de que los involucrados repusieron ese ítem. En cambio, la Contraloría centró su atención en otras entidades que manejaron menos recursos del programa. Reportó que hizo auditorías a 10 proyectos ejecutados por gobiernos locales con dinero de la UPRE, y determinó que hubo responsabilidad civil por incumplimientos que no fueron detallados en la respuesta a una solicitud de información para esta investigación.